En un solo día, el Congreso de la Unión y la justicia federal asumieron posiciones contrarias a que prospere la licitación número 21, de la que resultaría beneficiaria Televisa (y su socio Nextel). No obstante el peso y la trascendencia de esas determinaciones, el Ejecutivo parece resuelto a ir adelante, pues más le interesa satisfacer el interés del monopolio televisivo, en su incursión en el servicio telefónico y de internet, que atender las decisiones del Poder Legislativo y de los jueces federales.
Todo comenzó el 20 de octubre pasado cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó la convocatoria para licitar porciones importantes del espectro radioeléctrico. El 14 de diciembre la Comisión emitió las “Bases de licitación para el otorgamiento de concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento 1710-1770 megahertz” (megahercios).
En esos mismos días, previendo el resultado del concurso correspondiente, el Congreso aprobó ventajas fiscales, que en su contrapartida significaron menoscabo del patrimonio público, a quien resultara titular de esa concesión. Se alzaron voces dentro y fuera de la Cámara de Diputados denunciando que esas disposiciones tributarias beneficiarían a Televisa, para la cual estaban diseñadas, lo mismo que la convocatoria respectiva. Ese consorcio protestó contra las posiciones públicas que cuestionaron el provecho que obtendría, negando que se hubieran delineado en su beneficio. El tiempo probaría lo contrario.
Con el laudable propósito de mejorar la competencia en telefonía móvil, las licitaciones 20 y 21 establecieron normas que impedían el acceso igualitario a la licitación de Telcel y Iusacell, que disponen ya de segmentos importantes del espectro radioeléctrico. De ese modo, en la licitación 20 el ganador fue la empresa española Telefónica, que presentó mejores ofertas que sus competidores. En la licitación 21 las bases impidieron que hubiera pujas por la concesión, pues se procuró que hubiera un solo participante, el que resultó de la conjunción de intereses de Televisa y Nextel.
Iusacell se inconformó con las bases de licitación, porque la excluían. Inició recursos jurídicos de variada naturaleza, entre ellos varios juicios de amparo. El 5 de julio obtuvo de un juez federal en Acapulco una determinante medida cautelar, que impedía la entrega de los títulos de concesión a los ganadores de las licitaciones 20 y 21. La SCT pretendió defenderse de esa resolución negándose a dejarse notificar para alegar no haberlo sido. De ese modo entregó a Telefónica, el 21 de julio, el título a que refirió la licitación 20, y se disponía a hacerlo a Televisa en la licitación 21. A fin de reforzar su posición, vulnerada por el desacato a la justicia federal, la SCT acudió a la propia justicia de amparo, demandando protección contra la medida cautelar que argumenta no conocer formalmente.
Ante ese desacato, Iusacell inició otro juicio, ahora en Matamoros, a través de una subsidiaria de TV Azteca, y obtuvo otras medidas semejantes. Rápidamente la SCT pretendió impedir su aplicación mediante un amparo, que anteayer fueron desechadas por un juez federal en Reynosa. De modo que la SCT está siendo vencida en juicio por Iusacell, a la que acusa a su vez de pretender nuevas frecuencias no obstante que no opera las que ya le han sido concesionadas, con el consiguiente retraso en la inversión en esa actividad, una de las más activas de la alicaída economía nacional.
Eso no obstante, la Secretaría camina con rumbo a su meta, sin detenerse. Su titular, Juan Molinar Horcasitas, defendió las licitaciones en su larga y complicada comparecencia legislativa el martes pasado, y su oficina reiteró que mientras no sea notificada de los fallos judiciales adversos no detendrá los procesos en curso.
Ante ese panorama, la Comisión Permanente del Congreso asumió en su sesión del miércoles una posición insólita. Exhortó al presidente de la República y a su dependiente el secretario de Comunicaciones, así como a la Cofetel (inserta en el organigrama de la SCT), que declare desierta la licitación 21. Como lo hizo antes la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que ha estudiado prolijamente este proceso, pidió aplicar el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Importa precisar que fue un miembro del partido del Presidente, el diputado Javier Corral, que encabeza la Comisión de Gobernación de su Cámara, quien lanzó esta iniciativa, aprobada por las bancadas del PAN mismo, el PRI, el PRD y el PT.
Con ello puso en un brete al Ejecutivo. No puede ser insensible a un llamamiento del Congreso en los días en que está instando a las fuerzas políticas a actuar de consuno. Si bien lo hace exclusivamente en materia de seguridad, y sin que ello implique un canje que puede resultar mezquino, si desatiende el pedido parlamentario mermará la credibilidad de su posición dialoguista. Pero ya de hecho ha rechazado la demanda, pues el artículo referido da facultades discrecionales al titular de la SCT: “cuando las propuestas presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría o no se cumplan los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse nueva convocatoria”.
Y sin embargo la Cofetel servirá esta mañana a Televisa.
Cajón de Sastre
Murió el miércoles 11, en su domicilio de Metepec, conurbado a Toluca, el doctor Enrique Cárdenas de la Peña, al cabo de una larga enfermedad. Nació el 28 de febrero de 1920 y se graduó de médico cirujano en la Universidad Nacional. Prestó servicios al IMSS al mismo tiempo que se dedicaba a la investigación histórica. Entre sus obras se incluye una Historia de la Academia Mexicana de la Lengua, corporación a la que ingresó el 15 de julio de 1997, y donde ocupó la silla número seis, donde lo antecedió el doctor Edmundo O’ Gorman. Sus muy variados intereses le permitieron escribir una Semblanza marítima del México independiente y revolucionario, así como Veracruz y Sáinz de Baranda en la vida de México y Educación naval en México. Perteneció a la Academia Nacional de Medicina y a la de Historia y Geografía de México.
Plaza Pública /
Miguel Ángel Granados Chapa.-
miguelangel@granadoschapa.com
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