Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos
Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.
Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.
Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.
También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.
La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.
Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”...
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