Llegó agosto y con él se acrecienta el riesgo de que sean desalojados —si no lo fueron ya a esta hora— residentes de la colonia La Malinche, que se oponen a la demolición de casas expropiadas para construir la Supervía, una autopista urbana de peaje que unirá a Santa Fe en el poniente del D.F. con las avenidas sureñas san Jerónimo y Luis Cabrera. Son el último reducto de un movimiento que mediante el ejercicio del derecho y el activismo social resiste una obra pública que de varios modos beneficiará a una minoría, por más voluminoso que sea el tránsito que se desplace sobre sus carriles de concreto.
La protesta de los más resueltos defensores del ambiente y de los derechos de las personas ha estado amenazada desde el 21 de julio, en que la empresa Controladora Vía Rápida Poetas notificó que estaba por comenzar las obras. La semana pasada los amagos de desalojo corrieron por cuenta de la autoridad capitalina, que se dispone a iniciar la carretera pese a todo. “La obra va a ir adelante —dijo el jefe del gobierno Marcelo Ebrard el jueves pasado—; de hecho en este momento estamos en demolición, está todo previsto y en el mes de agosto vamos a estar al 100 por ciento” (Reforma, 30 de julio). La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ha mostrado preocupación por la opacidad del proyecto, mantiene visitadores en La Malinche, para evitar que los resistentes sean agredidos. Quizá la propia CHDF tenga que mediar en el aparentemente irresoluble litigio entre un sector de los pobladores de la zona directamente afectada y el gobierno de la ciudad.
Son varios los motivos de la oposición a la supervía. El principal concierne a la preservación de áreas verdes imprescindibles para el equilibrio ambiental. Aunque la secretaría respectiva en la administración del D.F. estableció condiciones al proyecto, para aminorar su impacto ambiental, el daño central no se evita según los objetores. También protestan porque se trata de un negocio privado cuya ganancia puede resultar de la afectación al patrimonio público, pues el título de concesión ofrece ventajas leoninas a quienes construyan y exploten la vía.
“Un grupo de personas comunes —dicen de sí mismos— que habitan en las zonas afectadas decidieron dar cauce institucional a su movilización ciudadana interponiendo un juicio de amparo para frenar la construcción de la megaobra…” Aunque la justicia federal negó la suspensión del acto de autoridad impugnado en ese juicio, son válidos los argumentos de quienes se oponen a la obra, porque se trata de “un negocio redondo propiciado por el gobierno capitalino a favor de la concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, que compromete la sustentabilidad de la ciudad de México”, pues en el título de concesión “se le asegura no perder un peso de su inversión, ganancias de diez por ciento anuales, la posibilidad de llevar a cabo obras complementarias, además de los compromisos del gobierno de liberarle el derecho de vía…, indemnizar a la empresa si concluye anticipadamente la concesión, y facilitarle todos los permisos, incluidos los ambientales, que sean necesarios para realizar la obra, bajo pena de reembolsarla si no cumple estos términos de la concesión”.
El frente amplio contra la supervía se opone igualmente a esa obra “en defensa de sus derechos a la participación directa y efectiva en la conducción de asuntos públicos, a recibir información previa a la toma de una decisión que afectará su forma de vida, y al derecho a la vivienda, que más allá de proteger solamente sus domicilios implica la defensa de su entorno”.
El gobierno de la ciudad, por su parte, insiste en la necesidad de comunicar dos extremos de la capital con notable ahorro de tiempo, así como en la pertinencia de concluir obras iniciadas en la administración de López Obrador. En efecto, la avenida de los poetas, integrada básicamente por los puentes que llevan los nombres de Octavio Paz, Carlos Pellicer y Jaime Sabines permite a los automovilistas salir de santa Fe con algún desahogo pero muy pronto se topan con nudos de vialidad estrecha que el actual gobierno pretende romper con la nueva obra.
La emprendió, sin embargo, con un ánimo autoritario que no se condice con la definición de un gobierno democrático. En tal sentido, argumentan los objetores de la supervía que el “GDF ha promovido esta obra a partir de decretos, sin debate legislativo y negando información sobre la obra, solicitada por medio de la ley de acceso a la información”; asimismo, “se ha negado a asistir a foros públicos de debate convocados por la Asamblea (Legislativa) y la UNAM.
De cara al autoritarismo, los oponentes a la supercarretera esgrimen el argumento de autoridad: “Se han manifestado contra de esta obra: José Sarukhán, ecólogo, ex rector de la UNAM y presidente de la Comisión Nacional para la Biodiversidad: Adrián Fernández, presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE); y José Luis Luege, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de políticos de todo el espectro ideológico (PRD, PAN y PT)”.
El frente opositor reconoció, aun antes de frustrarse su pretensión de que se dictara la suspensión de la obra, que en ese caso “la única alternativa jurídica…sería acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo el dictado de medidas cautelares. Sin embargo, en los tiempos que se requieren, en la práctica no habría herramienta jurídica que pudiera” frenar la obra. Sólo queda la resistencia civil pacífica.— México, D.F.
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