A la violencia cotidiana en los estados fronterizos del Norte del país, en donde el miedo y la muerte rondan los hogares, hay que sumar la crisis económica, la escasez de inversión, la huída de capitales, el desempleo, el abandono de viviendas, el mínimo comercio y la baja productividad agropecuaria.
Bastó una rápida visita a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para observar la poca afluencia de vehículos, comercios cerrados o vacíos, parques y plazas sin niños ni adolescentes. Como si se tratara de pueblos fantasma, pocas personas viven y transitan. En el aeropuerto de Reynosa, todos los días hay un despliegue policiaco-militar, pocas veces visto en el resto del país. Y esto es todos los días.
Para el gobierno de Felipe Calderón, éstos también son daños colaterales, como lo afirma ante los casi 40 mil muertos que lleva su “guerra” fallida en contra del crimen organizado. Pero los millones de mexicanos que no pueden abandonar el país porque no tienen los recursos para ello y sólo les queda atrincherarse en sus viviendas ven lentamente el resquebrajamiento de su nivel de vida y se suman a las víctimas de esta descomposición del tejido social.
A esa población que no tiene más opciones, el gobierno federal le promete que en 2018 –en siete años, diría el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– empezará a ver una mejoría en su situación de vida y una leve calma de la violencia que ahora acosa. Lo que se puede observar es que la afectación económica por la violencia en el Norte apenas empieza y sus efectos devastadores aún no pueden ser cuantificados ante la huida de familias completas con todo y sus negocios.
La “guerra” fallida
En esa “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, las estructuras económicas de las organizaciones criminales no se han visto afectadas. Los protagonistas de esta confrontación contra el Estado fallido mexicano –o debo decir gobierno fallido– siguen utilizando los circuitos financieros y los mercados negros para mover miles de millones de dólares y blanquearlos.
En Colombia, relatan quienes vivieron las primeras fases del ataque contra los cárteles de la droga, la clausura del sistema de pagos para los criminales fue tan fuerte y definitiva que poderosos capos no tuvieron otra opción que comenzar a acumular dólares en paredes y pisos de pequeñas casas. Su dinero sucio cada día era más difícil integrarlo a círculos formales de la economía y, para los más agudos analistas, allí comenzó su debacle.
En México, es evidente que Calderón y su gabinetito no tienen la mínima intención de intervenir los flujos financieros del crimen organizado, quién sabe por qué motivo; lo que confirma la derrota largamente anuncia del gobierno federal panista.
El tardío anuncio de modificaciones a diversas regulaciones financieras para frenar el lavado de dinero en el sector financiero, inmobiliario y de servicios le resta posibilidades al combate del dinero sucio en la economía, en un momento en el que aún se padece una profunda crisis de liquidez, desempleo y falta de oportunidades para los ciudadanos.
Así, mientras en el Poder Legislativo, específicamente en el Senado de la República –donde los legisladores estrenan una costosa sede pagada por los contribuyentes en tiempos de aguda crisis–, retrasan la toma de decisiones respecto de la iniciativa para aprobar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la economía y la sociedad siguen padeciendo el problema.
La iniciativa enviada por Calderón, anunciada con bombo y platillo como si en sí misma anotara una pírrica victoria política, busca fortalecer la regulación en el sistema financiero mexicano y la normatividad para la prevención del lavado de dinero a través de disposiciones generales que emanan de diferentes leyes aplicables a instituciones financieras. También, se busca frenar el blanqueo de capitales a través de depósitos bancarios, cuyo origen resulta sospechoso: pagos en efectivo en la compra de bienes inmuebles (mansiones, haciendas, hoteles, terrenos, entre otros activos); adquisición de centros o clubes turísticos, restaurantes, bares, empresas quebradas o con problemas económicos; compra de cheques de caja y de viajero y, por supuesto, transferencias electrónicas.
Han pasado casi 14 años desde que el gobierno federal, ante la demanda de organismos multilaterales, inició la modificación de disposiciones para combatir el delito. Fue en 2004 cuando, por primera vez, se incluyó el concepto de financiamiento al terrorismo y se buscó un mayor cumplimiento de los requerimientos internacionales. Luego se creó la Unidad de Inteligencia Financiera y, a partir de entonces, expertos en el tema ubican un parteaguas –aunque no definitivo– en el que se incrementa el número de definiciones para un mejor entendimiento de las disposiciones dirigidas a identificar, por ejemplo, a beneficiarios finales pero, sobre todo, a las personas políticamente expuestas, de las que tanto hemos escrito.
En la banca, en casas de bolsa e intermediarios financieros y cambiarios con operaciones relevantes en el sistema de pagos, se incluyen y agrupan las disposiciones por apartados, donde destaca la política de identificación del cliente, los reportes regulatorios y estructuras internas, entre otras.
Una medida determinante, según un recuento presentado por expertos de la Casa de Cambio Tiber durante la mesa redonda sobre lavado de dinero, organizada por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Camara de Diputados, fue el establecimiento de los llamados “umbrales de operación por producto”, así como la creación de expedientes para la identificación de transacciones a partir de 5 mil dólares, mecanismos de aprobación interna y los nuevos reportes regulatorios para transferencias.
La nueva regulación, de ser aprobada, llega cuando en el sector financiero no todos los intermediarios están vigilados (casas de empeño, centros cambiarios, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, por mencionar algunas), cuando no existe igualdad en las regulaciones y cuando se aplican leyes importadas de problemáticas diferentes a las que se viven en el sistema financiero de México.
*Periodista
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