La evidencia de corrupción que salió a la luz en la principal televisora en torno del Seguro Social con directivos de laboratorio es contundente e indefendible. Son muchas implicaciones las que claramente están expuestas: si los que hablan en la grabación son un directivo de laboratorio y un funcionario del IMSS es claro que se trata de corrupción y hay que investigarla, tanto en la Función Pública como indagar judicialmente.
En El Noticierio de López Dóriga, el martes pasado, se identificó la voz de Rafael Castro, directivo de Novartis, y se dijo que la otra voz era de un funcionario del IMSS.
Con ese dato, lo que se entiende en la grabación anónima es que el funcionario le informa a un directivo de la empresa el precio para que gane la licitación que va a salir el 11 de noviembre y de hecho el IMSS, de Daniel Karam, esa misma noche anunció que quedaba suspendido su responsable de compras, César Mora Eguiarte, mencionado en la grabación, y que presentaba ante la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia de hechos.
Pero la historia cambia por completo si el de la otra voz es otro directivo de empresa y no un funcionario.
En realidad se trata de Carlos Abelleyra, actual director general del laboratorio Stendhal y exdirector de la extinta Wyeth, adquirida el año pasado por el gigante farmacéutico Pfizer.
Abelleyra, quien lleva una larga trayectoria en la industria farmacéutica y como presidente de la Cámara Nacional de la Industria (Canifarma) fue muy respetado, es quien en la grabación anónima se pone de acuerdo con Rafael Castro, directivo de Novartis. Entonces, siendo dos directivos de empresa poniéndose de acuerdo sobre una próxima licitación, más bien sería una prueba de colusión. Algo por lo que otras farmacéuticas -Eli Lilly, Pisa, Probiomed, Baxter, Fresenius- ya han sido acusadas y multadas por la Comisión Federal de Competencia (CFC), de Eduardo Pérez Motta.
En la multicitada grabación, Abelleyra menciona, con aparente certeza, que ha hablado con el directivo del IMSS, pero eso no prueba nada. Y hablan de un tal César, pero tampoco eso es prueba de que se trata del funcionario hoy suspendido.
Castro, por su parte, menciona al regulador sanitario Miguel Ángel Toscano, de que le pasarán las “tarjetas de pago” (lo que sea a lo que se refieran), pero ello tampoco prueba nada. Toscano se deslindó por todos los medios.
Definitivamente, el secretario Salvador Vega, de la Función Pública, debe jalar todo el hilo hasta las últimas consecuencias como dijo desde Corea el presidente Calderón, pero sencillamente es un caso totalmente distinto cuando quede demostrado que los de la voz son dos ejecutivos del sector privado hablando de “sus cuates” los funcionarios. En principio, sería tráfico de influencias.
La clave de licitación a la que se refieren es de reactivos para diagnóstico y hablan de la licitación como IBQ (lo único que pudiera ser es ingeniería bioquímica) e incluso mencionan que ya están “todos los requisitos de la UNAM”. Se refieren a que es una licitación estatal (se entiende que para una sola entidad federativa) y el monto en cuestión es de 80 millones de pesos.
Un representante de la Función Pública, anoche en Fórmula Financiera, dijo que ni la clave ni la cifra coincidían con ninguna licitación de este 11 de noviembre.
Lo que sí es que una licitación de 80 millones no es nada frente a los más de 2,500 millones de pesos que compra anualmente de medicamentos el IMSS y por los cuales las empresas hacen de todo para conseguir ganar una clave.
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