Los brazos armados del Chapo

La guerra entre los cárteles es tan demencial como la intromisión oficial, dice la escritora Anabel Hernández en entrevista con Ríodoce, donde expone cómo un general que había estado en la cárcel, acusado de narcotráfico, contacta “cara a cara” con el Chapo Guzmán para operar un pacto entre los cárteles de la droga con el fin de pacificar el país. El gobierno de Felipe Calderón, a través de su estructura militar y policiaca, pactó favorecer a un cartel del narco y atacar al resto, y es el brazo armado del cártel de Sinaloa que lideran Ismael Zambada García, el Mayo, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, afirmó la periodista y escritora Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco. Dijo que la decisión de la administración calderonista de proteger al también llamado cártel del Pacífico, antes Federación, está provocando una crisis en las fuerzas armadas y en la estructura policial del Gobierno, lo que también ha originado asesinatos de funcionarios, policías y militares. “Yo diría que la estrategia demencial no es solo de los cárteles y los capos, sino de la propia estructura del Gobierno, porque el Gobierno desde el sexenio de Vicente Fox a través de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) se convirtió en un brazo más del narcotráfico y hoy por hoy el Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha convertido en el brazo armado del cártel de Sinaloa, ese es el problema”, dijo. La periodista le dedicó alrededor de cinco años a realizar esta investigación, en la que muestra documentos desclasificados de los gobiernos de México y Estados Unidos, testimonios de oficiales del Ejército y narcotraficantes, y declaraciones de capos ante las autoridades judiciales. Su libro Los señores del narco, de editorial Grijalbo, fue presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL), de Guadalajara. Hernández publica que quienes ayudaron a escapar de la cárcel al Chapo Guzmán fueron altos funcionarios panistas del gobierno foxista, incluyendo a Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP y actual asesor de Calderón, y que luego de esto, en 2007, Juan Camilo Mouriño ordenó que se pactara con el Chapo para combatir a sus enemigos, como los Beltrán Leyva. Como secretario particular del presidente, Mouriño ordenó a un militar a quien la periodista identifica como General X, —aunque podría tratarse del general Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado de vínculos con el narco—, pactar una tregua con el crimen organizado, específicamente con Guzmán. “Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y ex socios. Quizá por eso el Chapo le reveló al General X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob, les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en diez millones de dólares. El pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el ex presidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien el Chapo describió como “un pillo”. “El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el General X, escribe Anabel Hernández, quien hace notar que Ulises Ramírez aspira a ser candidato a gobernador del Estado de México por el PAN en el 2011, lo cual implicaría una alianza con la corriente de Nueva Izquierda del PRD. Anabel Hernández va de entrevista en entrevista. Trae una tos que no le cierra la garganta, pero que está ahí, terca, como queriendo censurar: pero su voz arremete, suelta y su garganta se mantiene, pelea, dispara. Apenas llega a Guadalajara y ya es asediada. Un día antes, la entrevistó para MVS Carmen Aristegui, ante quien aclaró que “los señores del narco” no son solo los capos ya conocidos, sino también empresarios, servidores públicos de todos los niveles —incluso del círculo presidencial—, banqueros y mandos policiales y militares. “El Chapo Guzmán, el Mayo, y todos estos hombres poderosos que tienen asolado al país en su guerra entre narcos, no podría existir no serían nada ni tendrían un dólar en el bolsillo si no fuera por la complicidad de banqueros, de empresarios, funcionarios públicos, policías, secretarios… hay acusaciones directas contra Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, a quien los narcos señalan que su avionazo no fue un accidente”. Mouriño murió en un aparente accidente aéreo. La nave en que viajaba, junto con José Luis Santiago Vasconcelos, funcionario de la SSP, y otros servidores públicos, cayó en una zona de oficinas, en la Ciudad de México. Otras versiones señalaron que estas muertes fueron un golpe del narcotráfico. Hay declaraciones ministeriales, agregó Anabel Hernández, que acusan a jefes policiacos cercanos a Genaro García Luna, como el “héroe” Édgar Millán, el jefe de la Policía Federal homenajeado por el presidente Calderón en el 2008 luego de ser ejecutado a balazos. Pero Millán, indican los testimonios, se reunía periódicamente con los jefes del cártel de Sinaloa para recibir instrucciones sobre a quién debía ejecutar, qué operaciones debía hacer o a quién protegería. —En tu libro mencionas a un General X, ¿te refieres al general Acosta Chaparro? —Le preguntó Ríodoce, vía telefónica, a Anabel Hernández. —No lo voy a mencionar, no puedo decir a quién me refiero, y como periodista debo cuidar el nombre de las fuentes de información y no puedo señalarlo. Y de ahí no se movió. Ni con esa pertinaz tos. El militar señalado, agrega en el libro Hernández, fue liberado de la cárcel tan pronto como Calderón llegó al poder, sin haber terminado su condena por presuntos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo, jefe del Cartel de Juárez. Después, inexplicablemente, el general fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván. Los datos, entonces, coinciden con la trayectoria de este general: acusado en agosto de 2000 de presuntos vínculos con el cártel de Juárez. —¿La estrategia de Calderón de pactar con unos y atacar a otros cárteles del narcotráfico ha conducido a esta guerra encarnizada entre las organizaciones delictivas y entre estas y el Gobierno? —Habría que señalar que esta situación, no estrategia, de proteger a unos y atacar a los demás, no viene de Calderón, sino del sexenio de Fox. Y no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra entre los narcos, y Calderón heredó casi como política de Estado esta situación, que en su sexenio se ha agravado por lo que él ha hecho, ha dejado de hacer y por las propias disputas internas en la Federación, donde ocurre una escisión, una fractura, entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada con los Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, y eso genera una espiral de violencia que en enero de 2008 se exacerba como no habíamos visto y como lo estamos sufriendo hoy. —¿Consideras que esta puede calificarse como una estrategia criminal en la que los cárteles han actuado de manera demencial y las primeras víctimas son los ciudadanos? —Yo diría que la estrategia demencial no es solo de los cárteles y capos como el Chapo, el Mayo, los Beltrán Leyva, sino de la propia estructura del Gobierno, porque el Gobierno en el sexenio de Vicente Fox, a través de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), se convirtió en un brazo más del narcotráfico y hoy por hoy el Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se ha convertido en un brazo armado del cártel de Sinaloa. Ese es el problema. —¿La intromisión de las fuerzas armadas ha originado que estas sean ahora más corruptas, porque operan para el narco? —Habría que ser muy honestos y señalar que en mi libro hablo con pruebas documentales de este contubernio entre el Gobierno federal y los cárteles de la droga, que viene de varios sexenios, por lo menos desde Luis Echeverría, con un esquema perfectamente acordado, con reglas de operación, hacia los narcotraficantes. Y a lo largo de este tiempo estas cadenas de contubernio y corrupción han tenido modificaciones, pero siguen intocables en esencia. “El cambio de partido (en el Gobierno, PAN en lugar de PRI) no rompió esta cadena de corrupción. Lo que hizo, lo hizo diferente a los gobiernos priistas: había una convivencia, una tolerancia a los cárteles de la droga, a todos, al de Tijuana, al del Golfo, al de Juárez. El gobierno convivió con (Juan) García Ábrego… nunca se combatió de fondo al narco, como tampoco se hace ahora. Hernández dijo que la complicidad de las fuerzas armadas con el narcotráfico ahí ha estado, pero ahora hay una grave crisis en el aparato policial y militar de la administración de Calderón. “Lo que sí esta generando una grave crisis dentro del Ejército, la PGR, y la Secretaría de Seguridad Pública federal, es que hay un lineamiento gubernamental general de proteger al cártel de Sinaloa o entonces Federación, cuando estaban el Chapo, el Mayo, el Azul, los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva, y cuando la federación se rompe, es cuando meten en grandes aprietos a todos, y Arturo les dice ‘estás conmigo o contra mí’ y viene la ejecución de funcionarios, de policías, esta violencia exacerbada. “Los contubernios están desde mucho tiempo atrás, pero ahora son más grotescos, porque se usaron las fuerzas del Estado para combatir a los enemigos de este cártel”. —¿Te refieres al Mayo y al Chapo? —A Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada. —¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? —Es muy interesante la pregunta porque justamente en esto obtuve documentación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y la agencia antidrogas DEA, en la que queda al descubierto que estos cuervos que hoy nos sacan a todos los ojos fueron alimentados por el Gobierno de Estados Unidos: hasta principios de los 80 los narcos se dedicaban únicamente al tráfico de mariguana y amapola, y requerían de muchas toneladas de mercancía para ver jugosas ganancias, y de acuerdo con los documentos desclasificados y a juicios en Los Ángeles, la DEA acusa a la CIA de haber provocado que los cárteles colombianos, como el de Escobar Gaviria, tuviera contacto con Ernesto Fonseca, Don Neto, Miguel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, que eran moteros, a traficar con cocaína, lo que generó mucho más dinero. Y lo que ganas en una tonelada de mariguana, por todo lo que implica, lo ganas con un kilo de coca. La diferencia es abismal en cuanto a ganancias. “Para que los cárteles mexicanos financiaran a la contra nicaraguense, estamos hablando del gobierno de Ronald Reagan, la DEA acusa que quien mató a Enrique Camarena (agente antinarcóticos estadounidense muerto en 1985, en Guadalajara) no fue el narco mexicano, fue la CIA, fueron órdenes de la CIA”. —Y en esto de pactar con el narco, ¿qué hacen los gringos? —Fíjate que no tengo respuesta para esa pregunta. ¿Qué información no podría tener el Gobierno de Estados Unidos sobre esto?, mi pregunta es: ¿esta estrategia de proteger a unos y afectar a otros, nació de Estados Unidos?, no lo sé, ¿o del gobierno de México?, no lo sé, es una pregunta que ronda en mi cabeza en cada momento… con esto de los wekileaks, imagínate, ¿no podrán saber si el Gobierno está coludido con un narco o con otro? Los pactos en Sinaloa El 13 de mayo de 2008, apenas dos semanas después de que la fractura en el cártel de Sinaloa —entre Joaquín Guzmán e Ismael Zambada, con los hermanos Beltrán Leyva—, cuya guerra se expresó violentamente por primera vez el 30 de abril, se anunció en Sinaloa el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato. Ese 2008 terminó con mil 162 homicidios. Luego de tres horas de encierro, en un encuentro encabezado por el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y Juan Camilo Mouriño, titular de Gobernación, y el gobernador Jesús Aguilar Padilla, se anunció esta nueva “estrategia” contra el narco. El acto fue en un salón blindado de la Unidad Administrativa, también cercada desde la tarde anterior, con patrullas artilladas del Ejército Mexicano, vigilancia aérea y terrestre. En aquel momento, el secretario de la Defensa Nacional se apuró a aclarar que los cerca de dos mil efectivos del Ejército incorporados a este operativo no significaban una militarización. Menos de un año después, en medio de jornadas diarias de entre ocho y diez muertos a balazos, y de una sicosis galopante por los enfrentamientos, decapitaciones y patrullaje militar, fueron los narcos los que pactaron un cese al fuego. Fuentes de Ríodoce confirmaron aquel enero de 2009 —año que terminó con mil 255 homicidios—, menos de un año después de que inició este operativo, que las organizaciones del narcotráfico que protagonizaban una guerra habían pactado una tregua indefinida, en diciembre de 2008, con el objetivo de bajar la incidencia delictiva, sobre todo de homicidios y enfrentamientos, y recuperar el negocio. En este acuerdo de cese al fuego participaron representantes de las organizaciones criminales que dirigen Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes. El primer acercamiento fue en uno de los privados de un restaurante de pescados y mariscos, en Culiacán, un día después de que fue arrojada al menos una granada al cuartel provisional que tenía el Ejército Mexicano en Navolato, el 10 de diciembre de 2008. Versiones de organismos de seguridad indican que luego de este ataque, llegó a la Base Aérea ubicada junto al aeropuerto local el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien encabezó en estas instalaciones y en la Novena Zona Militar reuniones con los mandos regionales de la Sedena. El secretario se retiró de Culiacán alrededor de las 16 horas. El siguiente y último encuentro entre capos se realizó cerca de dos días después, pero con representantes de primer nivel de cada uno de los capos, en las instalaciones del centro recreativo Nuevo Altata. De estos encuentros tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancias que montaron discretos operativos y se mantuvieron informados de los avances de estas negociaciones. Descenso y ascenso de un general El general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue herido de bala el 18 de mayo pasado, en la Ciudad de México, fue acusado en el 2000 de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de tener nexos con el narcotráfico, específicamente con el cártel de Juárez, que lideró el extinto Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. En noviembre de 2002, fue encontrado culpable y sentenciado a 15 y 16 años de prisión. Pero en el 2005, un tribunal federal anuló en definitiva el fallo emitido por el Consejo de Guerra que encontró culpable al general, y en el 2007, las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) no pudieron acreditar los supuestos nexos con Carrillo Fuentes. Así concluyó uno de los casos más sonados —el llamado maxiproceso— en el terreno de la justicia militar y sus vínculos con el crimen organizado. Más recientemente, en el 2008, también se vinieron abajo las acusaciones por su participación en la llamada guerra sucia y delitos de lesa humanidad: en el 2002 organizaciones sociales lo denunciaron por el homicidio de 143 supuestos guerrilleros, quienes fueron ejecutados y lanzados al mar desde un avión, en Oaxaca. Los tribunales señalaron que las pruebas “se desvanecieron”. En el 2008, ya libre, a pesar de ese negro pasado, el Ejército Mexicano ubicó al general Acosta Chaparro y a otros 22 oficiales como “fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”. Y lo condecoró. Fue el general Guillermo Galván, titular de la Sedena, quien por órdenes del presidente Felipe Calderón, le entregó la presea y lo retiró. Fragmentos “Corrían los primeros meses de 2008 y el general X disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia -el hombre más cercano a Calderón- le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente. Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también. Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su "patriotismo, lealtad y abnegación". El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño. Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo. "La libertad no tiene precio", le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su "fuga" el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México. (…) El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien -junto con Jorge Tello Peón- estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad. A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil. (…) No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad. Guzmán Loera le dijo al general X que todas las "plazas" de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, "están vendidas". Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales. (…) Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida. Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. Javier Valdez Domingo 05 de diciembre de 2010