El domingo 11 de octubre de 2009, hoy hace exactamente un año, una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, que suele aparecer sólo de lunes a viernes, contenía el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, un organismo público sistemáticamente pauperizado y, paradójica y simultáneamente, difamado por su oneroso costo de operación.
Al mismo tiempo que el Gobierno federal se deshizo de una empresa que no obstante la obsolescencia de gran parte de sus instalaciones y su falta de mantenimiento prestaba servicio a la más vasta aglomeración urbana del País, el Distrito Federal, más amplias porciones de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, se propuso desmantelar el Sindicato Mexicano de Electricistas, una agrupación de antigua raigambre en la lucha obrera de nuestro País.
A la luz de los precedentes y de lo acontecido después de la liquidación de LyFC, se diría que el objetivo de mayor importancia para el Gobierno era el exterminio de la agrupación sindical de la que formaban parte 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados.
En efecto, meses atrás del golpe del 10 de octubre por la noche, pues el asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza se produjo por la fuerza desde el anochecer del sábado 10, cuando aún no entraba en vigencia el decreto de extinción y ni siquiera se había impreso el Diario oficial, la Secretaría del Trabajo había negado la toma de nota a la mitad del comité central elegido con Martín Esparza a la cabeza. Notoriamente, la Secretaría había jugado sus cartas a favor de una oposición de presencia real pero hecha crecer artificialmente, liderada por Alejandro Muñoz, que a un año de la liquidación de su fuente de trabajo persiste en actuar como peón de estribo de las autoridades, pese a la destrucción de la empresa con que contrataba el gremio que pretendía dirigir.
El Gobierno federal alegó para extinguir a esa empresa pública las cuantiosas transferencias de recursos que debía aplicar a LyF. Era un juego financiero entre perverso y torpe. Se estancó la capacidad de generación de Luz y Fuerza, que se convirtió casi meramente en distribuidora que debía pagar a la CFE altos precios por la energía que hacía llegar a menor precio a su clientela.
La diferencia era un barreno que horadaba la estabilidad financiera de una empresa a la que el Gobierno formulaba reproches que estaba en su mano arreglar, pues el organismo formaba parte del sector público. El Gobierno panista asimismo incriminaba al sindicato por los altos costos de la operación, debido a sus salarios y prestaciones, que se concertaban en negociaciones bilaterales en que el Gobierno mismo podía establecer límites.
Al extinguir la empresa el Gobierno abrió con liberalidad la bolsa para liquidar al personal. Pagó sumas por encima de lo previsto en la ley laboral y en el contrato colectivo, y consiguió que la mayoría de los trabajadores aceptaran como un hecho inmodificable la supresión de su fuente de empleo. Unos 28 mil electricistas dejaron de serlo, con el señuelo de una alta indemnización que se presumía suficiente para iniciar pequeñas empresas que serían proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad a la que el decreto de extinción confió la prestación del servicio. También se indujo a los trabajadores a aceptar las liquidaciones con la promesa de ser contratados de nuevo. Se generaron así expectativas que no han sido cumplidas sino en mínima porción.
Unos 16 mil trabajadores rehusaron ser liquidados y se han mantenido en la resistencia, en demanda de restablecer la empresa con la que contrataban, en exigencia de respeto a su organización sindical. En contra de su dirección, a lo largo de este año, se ha emprendido una campaña de satanización, pues en el año del Bicentenario del comienzo de la lucha por la Independencia el Gobierno panista actúa con el criterio virreinal de ordenar a sus súbditos callar y obedecer.
El sindicato ha rehusado hacerlo y, al contrario, ha librado una larga batalla que lo mantiene con vida, aunque persista la injerencia gubernamental en su seno, con el patrocinio a la corriente sindical de Muñoz y sucesivos rechazos a la petición de toma de nota del comité central. La estrategia gubernamental busca descabezar al sindicato como paso previo a su desintegración. Tal como jugó con la necesidad y aun la codicia de quienes aceptaron ser liquidados, ahora hace propaganda a la idea de cuánto recibirá cada quien cuando se liquiden los bienes del sindicato.
En la pugna por y en contra del exterminio los electricistas han acudido a variadas formas de defensa jurídica. Una tras otra han sido frustradas por la decisión gubernamental de acabar con el gremio, y asemejarlo al que contrata con la CFE. Ese sindicato y esa empresa han sido puestos como ejemplos, pero la terca realidad va mostrando la verdadera índole de uno y otra, proclives a la corrupción y a la falta de cuidado en la realización de sus tareas sustantivas.
Un año después de la extinción de LyF no ha sido posible sustituir a derechas su operación. No se informa del costo que implica el contratismo al que se ha acudido para impedir la interrupción del servicio. Eso no obstante, se niega al SME satisfacer su último recurso, obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo, que es considerar a la CFE como patrón sustituto, situación a la que el Gobierno no quiere llegar.
Dos veces sendas huelgas de hambre llevaron a negociaciones estériles. El conflicto sigue vivo.
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