“misiones de paz”

Luego de las presiones internas y externas para que México acepte participar con fuerzas armadas en “misiones de paz” de la ONU, generales en retiro y académicos debaten sobre la pertinencia de que el país abandone su política de no intervención. Militares coinciden: esas misiones sirven a intereses de las grandes potencias.

La participación de México en alguna de las 18 operaciones de mantenimiento de paz (OMP) –impulsadas actualmente por la Organización de Naciones Unidas (ONU)– es una maniobra de carácter estratégico de Estados Unidos que busca transformar a las fuerzas armadas en ejércitos de ocupación, asegura el general brigadier especialista en ciencia política, Francisco Gallardo Rodríguez.

Para el general en retiro Roberto Badillo Martínez, exdirector del Servicio de Inteligencia del Ejército y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, esas misiones “son herencia de la colonización”.

Ambos generales condensan con sus argumentos el rechazo de un importante sector castrense a la persistente posición desde el Ejecutivo federal para que los mexicanos avalen el despliegue de elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea alrededor del mundo, en una o varias OMP bajo el cobijo de Naciones Unidas. A esa posición se suma el diplomático Ricardo Valero Recio, quien considera que el actual gobierno mexicano “es el gobierno más lineal y más primitivo en todos sus planteamientos y rígidamente ortodoxo”.

La posibilidad de participar en misiones internacionales, planteada hace años desde las dependencias del Ejecutivo federal, se hizo más evidente el 30 de diciembre pasado cuando Edmond Mulet, subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, indicó que México es uno de los pocos países que no participa con tropas en las OMP, a pesar de que su contribución financiera a ese rubro es la más importante de América Latina. Más recientemente, el 9 de marzo, el mandatario francés Nicolas Sarkozy pidió ante el Senado mexicano que valore esa participación en virtud de que una gran nación tiene derechos, pero también deberes, y entre éstos “está el precio de la sangre, la sangre de sus soldados”.

Precisamente es al Senado de la República al que compete resolver que la Armada de México participe en las maniobras militares, como lo hizo el pasado 14 de abril respecto de la Unitas Gold 50-09. Se trata de la edición del aniversario número 50 y que se desarrolla del 19 de abril al 7 de mayo en La Florida, con navíos de guerra de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Aunque la fragata F 212 Abasolo de la Armada de México fue observadora en los dos ejercicios realizados en el Caribe y el Pacífico de la edición de Unitas en febrero de 2002 –sin el conocimiento ni la autorización del Senado–, su despliegue tuvo como marco la “nueva política de apertura militar” que planteó el gobierno de Vicente Fox Quesada. Meses antes, el 26 de noviembre de 2001, México había dejado atrás su tradicional política exterior de no participar activamente en organismos internacionales castrenses. Fue entonces cuando hizo oficial su ingreso a la Conferencia de Ejércitos Americanos.

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Para el general Badillo Martínez, la participación de la Secretaría de Marina en el sexenio pasado en la operación Unitas recibió críticas porque no se pidió autorización al Senado de la República.

El legislador y militar se opone a que fuerzas armadas concurran a esos ejercicios bianuales porque considera que, en el futuro y “por costumbre, van a querer venir al Golfo de México donde están los grandes yacimientos petroleros mexicanos”, como en las cercanías de la Isla de Lobos o Tuxpan. De ahí su reclamo para que los políticos y diplomáticos “no pierdan de vista la naturaleza imperial de Estados Unidos”.

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Las declaraciones de los generales mexicanos ocurren a unos cuantos meses de que el diplomático guatemalteco y funcionario de Naciones Unidas, Edmond Mulet, reiterara en su pasada visita a México el interés de ese organismo multinacional para que este país se incorpore a las misiones “de paz”. Según argumentó, éstas ya no se limitan al aspecto militar, sino que se extienden a la “construcción de instituciones en los Estados, a realizar elecciones, a identificación de personas y aspectos humanitarios”, bajo las 92 nuevas tareas que les asignó el Consejo de Seguridad.

Mulet explicó que bajo ese nuevo mandato, las OMP también realizan campañas de vacunación, construyen escuelas, carreteras, puentes y en casos de desastres naturales distribuyen materiales de urgencia. Además de apoyo al proceso político, reforzamiento de instituciones, incluso judiciales o parlamentarias.

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No obstante, reconoce que actualmente las fuerzas armadas mexicanas se encuentran ante una situación de “sobrecarga de misiones y funciones” que incluyen la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la seguridad pública, la participación en el sistema nacional de protección civil e, incluso, la protección física del presidente (mediante el Estado Mayor Presidencial, al que llama un “resabio del porfiriato”).

El general Francisco Gallardo reitera que la política exterior de México es pacifista, tal como establecen sus principios contenidos en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución para no involucrarse en asuntos de guerra y dirimir los conflictos por la vía de la negociación.

Actualmente, “los gobiernos de derecha del Partido Acción Nacional han sido entreguistas de nuestra soberanía y creo que buscan debilitar al poder armado del Estado mexicano para evitar que en un conflicto exista una fuerza militar que defienda los recursos energéticos del país”.

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Revista contralínea.