La narcopolítica es una realidad en México. A la ampliamente sabida debilidad institucional ha correspondido supletoriamente el poder económico y social de los cárteles, que no buscan cambios ni promueven planes más allá de su necesidad mercantil de contar con protección y movilidad suficientes para sus tareas sustancialmente relacionadas con la exportación.
El priísmo mantuvo una convivencia discreta pero eficaz con capos y organizaciones criminales, procurando una delimitación tajante de campos de acción: los políticos casi nunca manejaban directamente los negocios de la droga ni los jefes de estos bandos se metían abiertamente en asuntos políticos; aquéllos daban impunidad y viabilidad y éstos daban fondos para campañas y para cuentas personales de los funcionarios. Fox desplegó una política de entendimiento tramposo: muy al principio sobrellevó ciertas relaciones de conveniencia mínima con la mayoría de los grupos del narcotráfico pero luego se cargó en la ayuda al tradicional capo favorito de cada sexenio, que en este caso fue El Chapo Guzmán, liberado a principios del régimen del cambio para que se convirtiera en el jefe institucional de ese negocio consentido. Tal desequilibrio extremo abrió las puertas de la confrontación creciente, cruenta, pues de manera insólita el aparato foxista de conducción del gran negocio se convirtió en perseguidor de los contrincantes comerciales de El Chapo, mediante funcionarios de alto nivel que tomaron abierto partido por uno de los bandos, generando las reacciones desesperadas y exacerbadas de los desfavorecidos.
Calderón tomó el tema de las drogas como pretexto para militarizar el país y para establecer nuevos términos comerciales. Pero, en su andar fallido, el felipismo ha debido ceder terreno político a muchos factores reales de poder, entre ellos los gobernadores, principalmente los priístas, y éstos han hecho pactos regionales de entendimiento que pasaron espectacularmente por la aportación de fondos para el financiamiento de las apabullantes campañas electorales que desembocaron en julio pasado con el sorprendente triunfo del PRI en gubernaturas y en San Lázaro (Sufragio en efectivo, como preámbulo de la Sí relección).
Sin embargo, el tema de esa infiltración criminal fue abordado ayer en un congreso internacional por Leonardo Valdés Zurita y Felipe Calderón (consejero presidente del IFE, el primero; consejero de Los Pinos, el segundo), dúo dinámico que alertó sobre los riesgos de que suceda lo que, se dice en esta columna, ya ha sucedido. Los párrafos de alerta arrojaron luces hacia el futuro, sin conceder que la fuerza económica y social del narco es, ya, un ingrediente de definiciones políticas y de operación cotidiana, instalado en diferentes nichos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, no sólo en los ámbitos visibles de lo policiaco y lo judicial.
Ese factor sombrío ha sido poco analizado en función de los difíciles comicios de 2012. Contra las previsiones que suponían que las regiones dominadas por el narcotráfico sufrirían obstrucciones en el proceso electoral de 2009, los incidentes fueron prácticamente inexistentes, como si los propios cárteles estuvieran de acuerdo en el flujo natural de esos comicios que finalmente ganó el PRI. Pero, hacia 2012, esa fuerza paramilitar sin control podría decidir vetos, cotos, amenazas e incluso acciones directas en función de intereses, pactos y órdenes. A la mafia que suele denunciar el lopezobradorismo habría de sumarse el riesgo de que mafiosos explícitos, no vergonzantes, pretendan frenar, desviar o definir el curso electoral venidero. Para impedir esa distorsión extrema no hay instancias eficaces ni voluntad real: la narcopolítica es una realidad palpitante y sus efectos pueden causar secuestros y destazamientos políticos y electorales sobre pedido.
Julio Hernández López
Astillero
No es la primera vez que a la administración de Eugenio Hernández se le acusa de indolencia o nexos con el crimen organizado que opera en su entidad
Mientras en el estado, lo mismo en los círculos políticos que en los corrillos empresariales, campean versiones que ligan a su procurador de Justicia, José Herrera Bustamante, con el incremento en secuestros a todos los niveles sociales, el gobernador vive encerrado en su palacio y en la indolencia total.Un empresario de Tamaulipas, cuya familia acaba de ser víctima de un secuestro, narra cómo, desesperado, decidió acudir al gobernador Eugenio, de quien se considera amigo. Con todo el protocolo de por medio, el mandatario le dio una audiencia y lo recibió en su despacho. Tras los saludos de rigor, el gobernador preguntó a su amigo qué se le ofrecía. Sin poder controlar la emoción, el empresario le narró lo que sucedía. “Vengo a pedir tu ayuda, ya no sé qué hacer”, le dijo.Después de escucharlo, el gobernador hizo una pausa y respondió a su amigo: “Pues yo te recomiendo que negocies con los secuestradores. No veo qué más puedas hacer”. El hombre salió de ahí con la cara desencajada y una sensación de impotencia y abandono….
Y ante todo eso, ¿qué hace el gobernador? Nada. Les recomienda a sus gobernados que negocien con los criminales. ¿Será que él ya aplicó esa fórmula?
Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
¿Qué esconde el caso Bayardo?
Algo hediondo esconden. Desde hace tiempo. El asesinato del ex funcionario policial Édgar Enrique Bayardo del Villar ha comenzado a aflorar toneladas de porquería. Días antes de su ejecución, EL UNIVERSAL publicó que en el caso de Bayardo el crimen sí pagaba. Y con millones de pesos. Nadie movió un dedo. ¿Por qué tantos privilegios? Hoy se sabe que el ex informante del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada no andaba precisamente escondido: vivía en Polanco, en un departamento de lujo que está debajo del que ocupa el ex canciller Jorge Castañeda, y enfrente de Relaciones Exteriores. Era vecino de un hijo del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, y de dos diputados panistas. Por si fuera poco, el mismo martes se supo que su chofer, José Solís Castillo, traía más de 170 mil pesos en efectivo y en cheques a nombre de una hermana del ex funcionario de la PFP, Georgina Bayardo. ¿De dónde los sacó? Dudas: Lo hicieron funcionario; duró años informando al cártel de Sinaloa; cuando lo agarraron, le cancelaron el proceso haciéndolo testigo protegido y le devolvieron casi 20 millones de pesos en propiedades. Y andaba por la calle “como Juan por su casa”. Alguien debe muchas, muchas, muchas explicaciones.
Periodistas de EL UNIVERSAL Bajo Reserva 03 de diciembre de 2009
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