Después de las batallas de Reynosa, el gobierno mexicano y las bandas de narcotraficantes del país están aprendiendo que sus enfrentamientos van a ser cada día más cruentos, en ambientes urbanos, en medio de los lugares donde la gente vive, trabaja y estudia.
Esa fue la situación del enfrentamiento que ocurrió la mañana del martes pasado, cuando el Ejército y agentes federales realizaron un operativo en una casa de seguridad en el suroeste de Reynosa, ubicada en la colonia Las Fuentes, cerca de una escuela primaria y un centro comercial.
Según los reportes, el grupo de sicarios resistió con fuego de mortero, fusilería, granadas y cohetes antitanque, y montó barricadas en las calles cercanas con la intención de obstaculizar la llegada de refuerzos militares.
A final de cuentas, la defensa del grupo de narcotraficantes no bastó y al menos cinco sicarios fueron abatidos en el enfrentamiento que duró cerca de dos horas. Las autoridades de Estados Unidos creen que en el operativo murió Héctor Manuel Sauceda, El Caris, uno de los principales líderes regionales de Los Zetas, quien habría tomado el control de la plaza después de la detención en noviembre de Jaime González Durán, conocido como El Hummer.
El resultado del enfrentamiento en Reynosa demostró la superioridad del poder de fuego de las unidades militares por encima del que tienen las células de la delincuencia organizada. Sin embargo, esa desproporción de recursos es una ventaja para el gobierno, pero su aplicación indiscriminada tiene varias implicaciones que afectan a la población civil.
Primero, la operación contra la célula de sicarios y la casa de seguridad del cártel del Golfo en Reynosa convirtió a las calles de la colonia Las Fuentes en un campo de batalla donde fueron utilizadas armas de guerra. El intercambio de disparos y el estallido de granadas ocurrió cerca de una escuela primaria y un centro comercial, y arrojó un saldo aún indeterminado de transeúntes heridos y propiedades destruidas. Aunque el armamento utilizado por ambas partes está considerado como “ligero”, su capacidad mortífera es muy elevada y no está diseñado para evitar lo que los ejércitos llaman bajas colaterales.
En segundo lugar, el conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes podría alcanzar niveles mayores de violencia, pues la debilidad experimentada en Reynosa podría impulsar a las bandas del narcotráfico a mejorar aún más su poder de fuego y enfrentar en mejores condiciones a las unidades del Ejército y la policía federal.
La tercera implicación es crítica. El narcotráfico intentará camuflarse entre la población civil y multiplicar las movilizaciones de niños, mujeres y jóvenes que acepten regalos y dinero de los cárteles a cambio de cerrar puentes internacionales y levantar barricadas en las calles.
Uno de los objetivos principales de la delincuencia organizada es empujar a las Fuerzas Armadas a operar en zonas densamente pobladas y en horarios que la gente utiliza para ir y venir del trabajo o la escuela. De esa manera, mientras el narcotráfico emplea armas cada vez más letales, las unidades militares tendrán forzosamente que limitar el uso de su poder de fuego.
Es un periodista especializado en asuntos militares y de seguridad nacional.Ha trabajado como profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana y ha sido becario del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington; del Programa de formación de civiles en políticas de la defensa, de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina; y del Centro de Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.
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