Sitian militares La Presa

Jueves 03 de febrero de 2011

Afectados. Testimonios del salvajismo. Golpes, amenazas, cateos de madrugada y privación ilegal de la libertad Una treintena de militares mantuvieron tomado durante cerca de una semana la pequeña comunidad La Presa, perteneciente a la sindicatura de Los Remedios, municipio de Tamazula, en el estado de Durango, a pocos kilómetros de Cosalá, Sinaloa. Los uniformados acusaron a los habitantes, unas 60 familias, de cultivar enervantes en la región, hincaron a niños y jóvenes, a quienes además les apuntaron con sus armas mientras cortaban cartucho, y amenazaron con violar a mujeres y menores, incluso varones, si no entregaban armas y droga. Una mujer de 78 años permanece en tratamiento en la clínica de la Secretaría de Salud de Los Remedios, ya que tiene problemas cardiacos, y otra más tuvo una crisis nerviosa luego de que aumentaron sus niveles de azúcar, debido a que padece diabetes y tuvo que ser medicada. Varios jóvenes fueron interrogados y golpeados. Uno de ellos, Rosario, quien padece de sus facultades mentales, fue “tratado como perro por los soldados”, señaló Hermina Valdez Carranza, su madre. Dijo que el hombre fue empujado, recibió culatazos y puntapiés, y amenazaron con “darle agua” (ahogarlo) en uno de los afluentes del río Tamazula. Una joven madre, quien vive sola con sus cuatro hijas, afirmó que los militares, que tienen alrededor de una semana en esta comunidad, enclavada en la Sierra Madre Occidental, han ido a “visitarla” a medianoche y de madrugada, para catear su vivienda. “Yo vivo sola con mis cuatro hijos y tres veces me han levantado, ya muy noche, a las 12 ó a la una, y me gritan que me levante, que les abra la puerta, y en lugar de esperarse se suben, se asoman por la ventana, y yo me pregunto, ¿por qué no revisan de día?, y les reclamé, pero uno de ellos me dijo ‘a mí me vale madre’”, manifestó Araceli Carranza Osorio. Sin remedio A La Presa se llega por avioneta. Saliendo del Aeropuerto Internacional de Culiacán, el viaje dura unos treinta minutos. Por terracería, serían unas cuatro horas a Cosalá, ya que hay que recorrer alrededor de 40 kilómetros y 15 minutos en avión. La Presa está en medio de cerros. A pesar de que las temperaturas han descendido recientemente, allá el clima es templado y hasta hace un poco de calor. Suman entre 50 y 60 casas, y solo una de dos plantas. La mayoría son de adobe o ladrillo parado, tienen zaguán y paredes con pintura y enjarre mordidos por el tiempo. Hay pocos jóvenes y adultos. Solo unos viejos, que se acercan rápido. Los otros, la mayoría, se mantienen a distancia, quizá por desconfianza. Los vecinos señalan que los hombres se fueron al monte, porque los militares los golpearon, hostigan y amenazan. Aunque saben que si los encuentran allá tal vez sea peor. Hay un Ejército de mujeres y niños. Se amontonan para hablar pero no se arrebatan la palabra. Ahí está doña Hermina con los ojos llorosos: no se mueve, recargada en la pared de la fachada de la tienda, porque a su hijo, de quien desconoce la edad y sabe que “no está bien de la cabeza”, lo golpearon salvajemente los soldados. Héctor Hugo Rubio Ibarra es maestro de primaria. Dice que no ha podido dar clases debido al ausentismo. Muchas familias no dejan salir a sus hijos a la escuela por temor a los militares, que en cuanto se los topan en la calle los interceptan y amenazan con violarlos si no dan nombres y datos que permitan ubicar armas y droga. “Aquí ‘todo mundo’ está asustado, hay pánico, está bien que el Gobierno haga su trabajo, pero no lo puede hacer violando la ley, los derechos de las personas, hostigando, amenazando, por eso se fueron algunos maestros y van como cuatro familias que huyeron, y es que no hay respeto, solo amenazas, y así, pues no hay nada”, contó. Otras más, agregó, están listas para partir a Cosalá o Culiacán, pero los militares han evitado que más camionetas salgan de la comunidad. Campamento Los militares están en un local que los habitantes han usado por años como salón de fiestas y reuniones. Ahora no quieren ni pasar por aquí. Las mujeres saben que los soldados las siguen desde lo alto del campamento, con sus binoculares, hasta cuando van a asearse. Una de ellas señaló que a algunos de los hombres que se fueron les dijeron que les prestaran a sus mujeres “porque traían ganas”. Otra contó que dentro de su casa, frente a los niños y mientras revisaban ropa y muebles, les apuntaron con sus armas y cortaron cartucho. Ellas aseguran que si los ven los conocen. En el campamento, que por primera vez se instala dentro de la comunidad, ya que otras veces ha sido entre los cerros, están unos cuántos. Lo malo, dicen, es que han ido de noche y encapuchados o con pañuelos cubriéndoles el rostro. Cuestionado al respecto, un militar se dice sorprendido y argumentó que seguido los cambian de base, que no son ellos. Sitiados En uno de los altercados, una mujer, de nombre Aurora García Valdez, de 67 años se desvaneció. Los vecinos les gritaron a los soldados que se calmaran, que tenían que llevar a la señora al médico, pero estos se negaban a prestar una de las patrullas o camionetas decomisadas, incrédulos. Hasta que uno de ellos vio que no traía pulso, contó una de las testigos, entonces se la llevaron. La trajeron con una receta en la que se lee “Hipertensión arterial crónica”, firmada por el doctor Israel Merlán Ruelas, con fecha de 24 de enero. Candelaria Carranza manifestó que a su hijo Sergio Ontiveros Carranza, que estaba de visita, lo golpearon porque traía la mano manchada. Aunque la madre les explicó a los militares que él consumía mariguana y que por eso andaba sucio, no porque trabajara en eso, “pero no hicieron caso, oiga, lo arrastraron y golpearon, quebraron un espejo y le cortaban el brazo, para que hablara”. Mitin Los militares se repliegan. Unas 15 mujeres realizaron una espontánea manifestación frente al campamento, aprovechando que estaban ahí reporteros y el abogado de derechos humanos. Una de ellas le dice a un soldado que por qué ahora no les apunta con el rifle, pero este se agacha y guarda silencio. Los uniformados dicen, en corto, que hay unos 40 plantíos de mariguana en los alrededores y que han decomisado armas de fuego. El teniente León Felipe Suárez Cruz, uno de los jefes del destacamento —el otro, también teniente, fue identificado como Juan Manuel Fajardo Baena—, niega que haya cateos ilegales, lesiones físicas, hostigamiento y amenazas. Se niega a hablar con los reporteros, a quienes momentos antes “ficha” uno de los soldados, pidiendo identificaciones y tomando nota. Suárez Cruz no quiso informar si pertenecían a la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, o a la base ubicada en Mazatlán, pero accedió a entrevistarse con Joel Zavala, a quien le aseguró que no había abusos y que para evitar malos entendidos y confrontaciones con las familias, ese día, el martes, permitirían el libre tránsito y se saldrían de la comunidad. En corto, durante la audiencia, le informan al abogado que encontraron un fusil AK-47, dos armas cortas y decomisaron tres toneladas de mariguana, pero no hay detenidos. “Ellos negaron todo y dijeron que las revisiones a las casas las habían hecho con el consentimiento de las mujeres”, les señaló Zavala a las inconformes, quienes se mantuvieron durante cerca de una hora frente al campamento, y estas le respondieron a gritos, indignadas, que quién les iba a dar permiso de catear su casa a media noche. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos abrió un expediente sobre el caso e inició indagatorias. Zavala informó que llevarán la denuncia ante otras autoridades, si los militares insisten en incurrir en abusos o hay más quejas de las familias de La Presa. Cinco de estas familias estaban listas para abandonar su hogar y dirigirse a Cosalá, Elota o Culiacán, a trabajar como jornaleros en los campos hortícolas. Otros, si persisten las amenazas de los militares, lo harán después. “Me vale madre, soy el Gobierno” Los militares lo niegan todo. Hay cuatro camionetas en los patios y tres cuatrimotos, todas les fueron quitadas a las familias, aunque estas señalan que ni tiempo les dieron de mostrar papeles y algunas de ellas les quitaron las computadoras y otras piezas. Una joven les dijo que por qué las desmantelaban si no eran de ellos, “y el soldado me respondió que no anduviera de metiche, de mitotera, que hacen lo que quieren, porque para eso son el Gobierno”. Entre las camionetas está la de Elvia Cornejo, es una que trae placas TX-30805. Los uniformados insisten en que si entregan los papeles se las regresan, pero el abogado Joel Zavala Aispuro, visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), quien acudió para recibir las denuncias, afirmó que no tienen por qué decomisarlas si no hay indicios de que hayan sido usadas para transportar enervantes, aunque no tengan documentos. Araceli manifestó que una de estas camionetas es la suya. Y rápido da con las piezas: las dos llantas traseras de dos patrullas militares que recién llegan las traen puestas, son unas BF Goodrich y las delanteras de ambas son Bridgestone. Rápido se nota la diferencia en los callos. Una de estas patrullas tiene la matrícula 7002352 y las otras 7002355 y 7002356, escritas en las puertas. “Me vale madre, soy el Gobierno, yo mando”, le contestó un soldado a una de las mujeres, a quien le gritaron que se retirara del campamento, a donde fue a reclamarles los atropellos, porque “traía muchas ganas”, insinuándole que podían abusar de ella sexualmente.

Javier Valdez