La aprobación o rechazo del acuerdo internacional más polémico sobre las libertades de Internet, llamado Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA, o Acuerdo Comercial Antifalsificación), negociado y suscrito en secreto por varios países, incluido el gobierno mexicano, depende de los integrantes del Senado de la República.
Para ello, durante el primer semestre del 2011, el Senado será el escenario de diversos foros y reuniones con grupos de la sociedad, coordinados por una comisión plural formada en 2010 en la cámara alta, donde se analizará el acuerdo internacional que inició sus negociaciones hace tres años.
El senador Javier Castellón Fonseca, miembro del grupo plural para analizar el ACTA y uno de los legisladores que protestaron por la secrecía de las negociaciones durante el 2010, aclaró dudas sobre el tema y reveló que hay “muchas partes desconocidas” de las negociaciones.
Por ejemplo, la forma en que el gobierno mexicano pactó con Estados Unidos, la industria disquera y a su vez la falta de capacidad de negociación con el Poder Legislativo.
Castellón Fonseca afirma que durante el 2010 se debatió que con el acuerdo se perfilaba una posible “intervención de los proveedores de servicio para poder detener la prestación de internet a usuarios, que presuntamente estuvieran cometiendo actos de piratería”, explicó durante una entrevista para De10.mx
“Se consideraba que ofendía, que prácticamente golpeaba derechos fundamentales”, afirmó el legislador por Nayarit y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado quien emitióun punto de acuerdo en contra del ACTA en Octubre del 2010.
El ACTA es un acuerdo comercial promovido por Estados Unidos que desde 2007 cabildeó en secreto (muchas críticas se dieron por ser negociaciones fuera del ámbito de la OMC, TLC y la OECDE) promovidas por Estados Unidos, donde participan: Estados Unidos, Suiza, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, entre otros.
En noviembre del 2010, el último documento publicado por los miembros del ACTA, se “suavizó” esa postura, “en México prevaleció la teoría del complot y sospechosismo” y poca gente se enteró de lo que decía, explicó el legislador.
De acuerdo sitios académicos, desde que inició el proyecto, China no fue incluido y se deslindó del proyecto, dado que es uno de los países que podría ser afectados, pero pertenece a un bloque de naciones que abiertamente se han manifestado en contra desde los inicios de las negociaciones: Brasil, India y Egipto.
El senador mexicano detalla que lo más grave para usuarios de internet eran dos puntos: la creación de un impuesto denominado “canon digital”, que en los textos iniciales aparecía y buscaba cobrar a dispositivos para compensar la posibilidad de la piratería; y segundo, la intervención de los proveedores de servicio en la vigilancia y la ejecución para detener el tráfico a quien traficara o fuera sospechoso de piratería. “Dos problemas de interpretación que se magnificaron por la secrecía”, explicó.
Cuando comenzó a surgir la polémica, en diálogos con las autoridades federales de México, los argumentos oficiales eran que “la legislación de varios países así lo requería y al tratarse de un acuerdo multilateral, podrían hacerse públicos los actos”, afirmó el Senador por el PRD.
De los actores involucrados, señala que en su opinión pudo haber inconformidad de los proveedores de servicios de internet, dado que no quieren aplicar este tipo de acciones sancionatorias y por eso, supone, la Cofetel se pronunció en contra del acuerdo en diciembre pasado.
El legislador considera el ACTA aún más grave que la polémica de #internetnecesario hace poco tiempo en México. “Era un sobreimpuesto a internet, aquí estamos hablando de libertades, que alguien puede intervenir con la presunción de sospecha, y el uso de internet, se basa fundamentalmente en la búsqueda de la información, yo que no esté bajando cosas ilegales, voy a ser sospechoso de ser un probable pirata”, explicó.
Ante la pregunta expresa, explicó que le parece algo parecido a la Ley Arizona SB1070, donde se podía detener a migrantes “que por su aspecto eran sospechosos”.
Dos cables publicados en diciembre del 2010 por Wikileaks confirman las dudas del Senador sobre las negociaciones entre miembros de la industria y la polémica por la secrecía de las mismas.
The Guardian y otros medios publicaron un cable sobre las negociaciones del ACTA en noviembre del 2008 donde la embajada de Roma, reporta que Fabrizio Mazza, titular de la oficina de propiedad intelectual del ministerio de relaciones exteriores de Italia, le dijo a los diplomáticos de Estados Unidos que el nivel de confidencialidad relacionado a las negociaciones hizo “imposible para los países miembros realizar consultas necesarias con grupos interesados y legisladores sobe derechos de propiedad intelectual”.
Después en noviembre del 2009, otro cable de la embajada de Suecia, detallaba cómo los problemas que tenían con la secrecía en las negociaciones era ya una “molestia” para los políticos de sus países, como le sucedería al Gobierno Federal en México con diputados y senadores.
Negociación truncada por las filtraciones
Aunque desde 2007 que inició el proyecto, eran muchas las dudas de parte de usuarios de internet y diversos países, especialmente del Parlamento Europeo, hasta marzo del 2010 no se conocía el contenido, pero de acuerdo a lo publicado por El País, la bomba “explotó” cuando el sitio francés “La Quadrature du Net” publicó el borrador íntegro del tratado ACTA, trabajado a finales de enero.
“El texto confirma los temores de los internautas en el sentido de que el tratado impulsará el filtrado de contenidos”, publicó el diario español a inicios del 2010, de donde se desencadenaron en todo el mundo, especialmente los países participantes, una serie de cuestionamientos sociales y políticos.
A eso se añade que el papel del gobierno de México no sólo fue de negociador, sino tuvo como sede esa reunión donde se trabajó el borrador filtrado, realizada el 28 de enero del 2010, que sirvió de base para los debates de la próxima ronda que se realizó en Nueva Zelanda, en abril y para la polémica.
Aunado a eso, el pasado tres de febrero de este año, Wikilieaks relevó un cable sobre la participación de México en el ACTA, donde se detalla en estas negociaciones con Estados Unidos contra la piratería en las calles y en Internet, y el trabajo conjunto de Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría General de la República.
Los recientes cables publicados por Wikileaks revelan una intensa actividad pública y secreta de las autoridades con legisladores y personal del gobierno federal quien apoyó a Estados Unidos por la forma en que Brasil se propuso al tratado.
Fuente: NaciónRed.com
Los notables del Senado
El grupo plural lo preside el senador por el PRI, Eloy Cantú, presidente de la comisión de Comercio y Fomento Industrial, además de Carlos Sotelo, Beatriz Zabala, Francisco Xavier Berganza, Ludivina Menchachal, Federico Döring y Javier Castellón.
La responsabilidad radica en que por ser un tratado internacional no pasa por la Cámara de Diputados y el Senado sólo podrá aceptar o rechazar la versión final. “Es un sí o un no, es una ratificación, no podemos hacerles modificaciones en la votación del pleno”, explicó Castellón Fonseca.
Los foros inician el próximo miércoles 16 de febrero y con ello la comisión busca recibir a funcionarios federales, pero también a diversos grupos de la sociedad que hablen y discutan al respecto, que puedan aportar ideas.
Una vez terminados estas reuniones , los legisladores formularán las conclusiones y las presentarán al gobierno federal, para que se realicen los cambios necesarios o “el gobierno mexicano se desista”.
“En algún momento Jorge Amigo (director del IMPI) dijo que si el Congreso se oponía, ellos no lo firman”, mencionó Castellón Fonseca.
El pasado jueves 3 de febrero este año se realizó la primera reunión de este grupo plural, donde se informó que se daría a conocer el calendario de reuniones a discutir el tema y que durarán tres meses.
Durante el foro, varios usuarios de redes sociales participaron activamente, entre ellos académico de la UNAM, Alejandro Pisanty quien durante la reunión utilizó la etiqueta de Twitter #acta y mencionó que será el miércoles 16 de febrero ciudadanos y sociedad civil y con académicos y expertos, luego sector público, posteó Pisanty.
De acuerdo a lo informado, las reuniones serán los miércoles por las mañanas donde tendrán una agenda de diversos y personalidades y se realizarán algunas en el Distrito Federal “dos en el mes de febrero, dos en marzo y una sesión de conclusiones en abril, pero además se incluirán otras tres reuniones regionales (en Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán)”, para conocer las opiniones de los ciudadanos, empresarios y representantes del sector público en el interior del país.
El legislador por Nayarit informó que la primera reunión será con las organizaciones sociales, luego con académicos e investigadores, seguido de los sectores privado y público, respectivamente, para que en la sesión final se reúnan todos y tengan derecho de réplica.
“Requeriría abrir el debate por el Canal del Congreso, por internet la página de Ciencia y Tecnologíaestará abierta, nuestro sitio del Senado para que todos aquellos interesados puedan opinar”, dijo.
Fuente: BoingBoing.net
Los peligros de detener a “jóvenes”
En noviembre del 2010, después de tres años de polémica y negociaciones secretas al fin fue suscrito el documento por los países involucrados, pero para ese momento diputados y senadores de diversos partidos en México, incluidos PRD y PRI, incluso el PAN, habían emitido puntos de acuerdo exigiendo a las dependencias el gobierno del Presidente Felipe Calderón, claridad en el tema del ACTA.
A partir del punto de acuerdo en octubre del 2010 promovido por Castellón Fonseca, se formó un grupo plural para conocer que los términos del tratado no violen ninguna disposición legal ni derechos fundamentales y que el Senado tuviera una visión completa de términos de este acuerdo.
Durante el 2010 Castellón Fonseca explicó que tuvo la oportunidad de hablar con Jorge Amigo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y quien en aquellos tiempos era Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos y ambos profundizaron más las dudas cuanto tuvimos la reunión. “(Ruiz Mateo) No tomó en serio las críticas y dijo que eran unos loquitos en internet, en una comparecencia del senado”, afirmó el Senador.
y Carlos Sotelo García, ambos del PRD; Ludivina Menchacha Castellanos,
del PVEM, así como Beatriz Zavala Peniche y Federico Döring, del PAN.
Fuente: Senado.
También argumentaron que sería sólo a los grandes piratas a quienes detendrían. Pero nos dimos cuenta que quienes intercambian música, de punto a punto son los jóvenes y “correríamos el riesgo de que la autoridad basado en un acuerdo internacional, estuviera persiguiendo jóvenes”.
Otro punto delicado es que aúnque se sacó del documento central ese tema, aún aparece con muchos corchetes “reservados por muchos países” en el documento final pubilcado en Noviembre por los integrantes, “aunque hay algunos que piden que se intervenga y van al amparo de las leyes locales”, advierte.
Castellón, cree que el gobierno mexicano acordó con la industrias y con Estados Unidos que sí iban a aprobar el acuerdo. “Eso también provocó problemática en el tapete interno”, dijo.
“Yo creo que negociaron con la industria, con la asociación de autores y compositores, que están de acuerdo con los términos del ACTA pero donde no negociaron, fue con el Congreso, y hasta los mismos senadores del PAN que empezaron a remar con nosotros el tema de acta”, como lo hizo Federico Döring.
El senador añade que “hay varias gentes de la Cofetel se oponen también, porque los proveedores de internet no estarían dispuestos a ser los brazos ejecutores de este tipo de sanciones, son los malos y tendrían que intervenir en infraestructura para hacerlo”.
“No contaban con Wikilieaks, ese es el problema”, finalizó Castellón Fonseca.
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