Mariachis para Carlos Monsiváis con música de Sabina

Fue entre pinos sin mar, una tarde antes de un concierto/ tú reinabas detrás de una pila de 22 mil 700 muertos/ cántame una canción al oído y te pongo un tequila/ con una condición/ que el señor Gómez Mont salga y diga que no soy indigno [...] Y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis/ y borrachos al atardecer nos cayó García Luna...”

Crímenes que no prescriben

En su discurso del viernes antepasado (16 de abril) ante empresarios del turismo, Felipe Calderón reconoció que de cada 100 víctimas de su guerra contra el narcotráfico, seis eran civiles inocentes, cuatro soldados o policías y 90 delincuentes que se mataron entre sí. Según cifras actualizadas al día que se reunió con Joaquín Sabina en Los Pinos (19 de abril), el total de vidas arrasadas por la violencia ligada a la droga en los pasados 40 meses ascendía ya a 22 mil 700.

Como se desprende de la arenga calderónica, de diciembre de 2006 a abril de 2010, en este contexto habrían dejado de existir mil 362 civiles inocentes, 908 soldados o policías y 20 mil 430 civiles no inocentes. “Más de 90 por ciento de esos homicidios obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones (?), ha habido muchos soldados, muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, a 5 por ciento de esas muertes”, dijo.

¿Qué significa no son siquiera acciones? ¿Que ninguno de los 20 mil 430 supuestos criminales caídos murió bajo las balas de policías o soldados? ¿Se mataron solitos entre sí? Pero, añadió Calderón, son muchos menos todavía (los) civiles atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes.

Traducción: ninguno de los mil 362 civiles inocentes fue asesinado por las fuerzas armadas. Una vez más, Calderón no sólo miente, sino que pretende borrar de la memoria colectiva las muertes de niños, jóvenes y adultos inermes, perpetradas por soldados y marinos, por ejemplo, en Ahuatepec y Cuernavaca, Morelos (diciembre de 2009), Ciudad Juárez (enero), Monterrey y Nuevo Laredo (marzo), por no hablar de los ilegales allanamientos y saqueos de moradas, documentados, en Yucatán y Michoacán, también en marzo.

Pese a los testimonios de la familia tamaulipeca que fue acribillada con sus bebés el 20 de marzo al cruzar ante un retén cerca de Nuevo Laredo; pese a las protestas de la alta sociedad de Monterrey, que reaccionó con ira ante el asesinato de dos estudiantes del Tec, a quienes los soldados disfrazaron de sicarios el propio 20 de marzo, tal como habían hecho 17 días antes con un joven matrimonio en Anáhuac, Nuevo León; pese a los secuestros con fines de extorsión protagonizados por militares en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, etcétera, Calderón niega la realidad y, peor aún, la justicia, siguiendo el modelo que impuso al inicio de su embozada dictadura, tras el homicidio de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, donde por sus pistolas decretó que el deceso lo había causado una gastritis.

Embelesado por la música de Sabina, Calderón muestra una absoluta indiferencia ante el más reciente informe de la CNDH, que registró de 2007 hasta marzo de 2010 un aumento de 500 por ciento en las quejas referidas a violaciones de garantías individuales cometidas por soldados y marinos. Sin embargo, quienes por estricta obediencia a su comandante supremo han salido a las calles con sus tropas –no a disuadir, tarea que le corresponde a la policía, sino a atacar, tal como explicaron algunos generales desde el anonimato a este diario hace unos días–, están preocupados por lo que les reserva el destino.

Enviados a una guerra imposible de ganar contra el crimen organizado, los militares exigen que el Poder Legislativo les extienda un permiso oficial para entrar sin mandato de juez en casas particulares y arrestar a sospechos para interrogarlos. ¿Por qué quieren un permiso para hacer lo que de todas maneras están haciendo por órdenes de Calderón? Para defenderse cuando sean juzgados por ello en el futuro.

Anteayer, jueves, todavía ahíto por el recuerdo de las cosas tan bonitas, que según Tania Libertad se dijeron Calderón y Sabina el lunes, el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió al Senado a pedir a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública que no discutan, de aquí a septiembre, el tema del fuero militar, que pretenden reformar mediante la Ley de Seguridad Nacional. En el dictamen que de todos modos aprobaron ese mismo día, los legisladores anticiparon que los soldados y marinos que cometan delitos sexuales, torturas y desapariciones forzadas serán juzgados por tribunales civiles.

Tal vez Sabina no sepa que hasta hoy, ningún soldado o marino ha sido presentado a la opinión pública como responsable de crimen alguno contra la población civil. ¿Por qué? Porque eso lo juzgan tribunales militares, cuyas sentencias escapan al escrutinio ciudadano. Pero, ¿por qué Gómez Mont pidió una prórroga de cuatro meses al Senado? Porque el Ejército está discutiendo, dijo, su propio proyecto de reforma sobre el fuero militar, que satisfaga las exigencias democráticas.

Fuentes legislativas consultadas al respecto revelaron a esta columna que, entre otras cosas, los militares demandan que la Ley de Seguridad Nacional les conceda facultades para autorizar la celebración de fiestas particulares, supuestamente para ejercer mayor control sobre el crimen organizado, tan afecto a las parrandas con mariachis y tequila.

Veintiséis años después del retorno a la democracia, Argentina continúa juzgando y castigando a políticos, jueces, sacerdotes, policías, marinos y soldados que durante la dictadura militar (1976-1984) asesinaron y desaparecieron a más de 30 mil personas. Sus pares mexicanos, que hoy obedecen las espantosas instrucciones que les dictan desde Los Pinos, se sienten tranquilos de momento. Si el Senado aprueba la abolición del fuero militar, la Cámara de Diputados deberá ratificarla, lo que está por verse, pues para eso sirven los fieles a Peña Nieto. Pero si aún así, la Ley de Seguridad Nacional queda lista para ser promulgada, manteniendo la supresión del fuero militar, Calderón podrá vetarla, negándose a publicarla en el Diario Oficial.

Hay una nueva guerra sucia en México y quienes participan en ella lo hacen por disciplina, pero a la larga tendrán que responder ante la justicia. Cuando el estado de derecho se restablezca en el país, quienes hoy disparan por órdenes superiores contra el pueblo tendrán que rendir cuentas, porque los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben. Por el bien de todos, y de ellos mismos, soldados y marinos deben regresar a sus cuarteles a la mayor brevedad.

Con un abrazo grande para José Emilio Pacheco, desde ayer premio Nobel de las letras hispánicas, Desfiladero dedica la música de los versos que abren esta página a su entrañable amigo Carlos Monsiváis, a quien exhorta a salir ya de ese hospital, entre otras cosas, para llevar a cabo una misión que sólo él puede realizar con éxito: decirle a Sabina que, si en verdad le importa y desea reconciliarse con millones de mexicanos que aman su poesía tanto como repudian a Calderón, cuando regrese a Madrid organice un concierto en solidaridad con México, hoy sometido a una dictadura neofranquista cada día más sanguinaria.

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Jaime Avilés