Redacción29 de marzo de 2010
El Cártel de Sinaloa, detrás de la masacre de comuneros
A los comuneros desplazados ya se les habían muerto de infarto, de viejos, de enfermos, niños recién nacidos y hasta por suicidio. Pero no les había ocurrido una tragedia así en medio del vía crucis que ha significado la expulsión que sufrieron de sus tierras, en medio de promesas, amenazas, mentiras, represión, burlas y gases lacrimógenos.
La masacre de seis vecinos de El Placer marcará sin duda un parteaguas en el movimiento de resistencia de los comuneros desplazados por la presa Picachos y exhibe desde ahora hasta dónde puede conducir la indolencia y la frivolidad con que el Gobierno atiende un problema social como el que enfrentan cientos de familias a las que les tocó nacer, crecer y echar raíces en una tierra que ahora les están arrebatando en nombre del “progreso”.En la primera semana de la investigación sobre el asesinato de seis comuneros desplazados de la presa Picachos, la Procuraduría General de la República acabó por atribuir el múltiple homicidio a un hecho fortuito y descartó que el ataque se deba a actos de represión o intimidación a ese movimiento.De acuerdo con las indagatorias que inicialmente abrió la Procuraduría General de Justicia del Estado pero que inmediatamente turnó a la PGR, el grupo de campesinos pasó casualmente por el lugar en que sicarios del cártel de Sinaloa esperaban a un comando rival para aniquilarlo.La célula armada al servicio del cártel de Sinaloa, que encabezan Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, se había posicionado en puentes y puntos ubicados entre los kilómetros 60 y 100 de la autopista Benito Juárez, desde la madrugada del sábado 20 de marzo.Información recabada por la Policía Federal en la zona cercana a Elota indica que hubo una fuerte movilización de gente armada tanto en caminos, carreteras, campos agrícolas y puentes, supuestamente para detectar el paso de pistoleros de los Zetas, que se han integrado a las operaciones criminales de los hermanos Beltrán Leyva.La PGR había recibido reportes desde mediados de febrero sobre la llegada a la Cruz de Elota de un fuerte número de civiles armados que trataban de detectar a integrantes de los Zetas y que llevaron a cabo diferentes “levantotes” y ejecuciones en esa misión delictiva.El enfrentamiento ocurrido la mañana del sábado pasado, que convirtió en zona de guerra un tramo de la Maxipista Culiacán-Mazatlán, pudo haber cobrado un mayor número de víctimas pero varias unidades particulares y del transporte de pasajeros se detuvieron o retrocedieron al percatarse del enfrentamiento.Allí murieron ocho personas, cinco de ellas miembros del movimiento de la Picachos, y dos integrantes de los grupos delictivos que chocaron. Uno más de los comuneros murió horas después al ser atendido en un hospital de Mazatlán.En el caso de los comuneros de la Picachos, pasaron exactamente en el momento y lugar en que cruzaron fuego los grupos contrarios de las mafias del narcotráfico, sin tener oportunidad de hacer alto o echar reversa a la camioneta en que viajaban, considera la indagatoria.La PGR y la PGJE descartan que los sicarios hayan confundido con pistoleros a los desalojados de la Picachos, debido a que en ese momento la célula del cártel de Sinaloa que cazaba a los Zetas ya tenían plenamente identificado el objetivo.“Se trata de un lamentable suceso en que la mala casualidad hizo que esta gente inocente pasara por el lugar en el peor momento”, resuelven los trabajos de campo, balística y demás periciales efectuadas en la escena del multihomicidio.De igual manera se establece que las pruebas de balística aportan el dato de que las armas usadas por ambos bandos han sido utilizadas en otros hechos violentos en el sur y centro de Sinaloa, pero las fiscalías reservaron los datos por convenir así a las investigaciones.La “limpia” no distingueSin imaginar siquiera que la “limpia” que el cártel de Sinaloa lleva a cabo en su territorio había elegido ese trecho de la Maxipista, los labriegos de Picachos engrosaron la enorme lista de vidas inocentes cobradas por el crimen organizado.Es que según la PGR, el Chapo Guzmán ordenó a uno de sus brazos armados el exterminio en el sur de Sinaloa de todo grupo o persona que fuera ubicada en el bando contrario, al mando de los Beltrán Leyva o de las ramificaciones del cártel del Golfo que quieren penetrar el estado.En las zonas rurales y urbanas de los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán, Elota y San Ignacio —sobre todo en las áreas de tránsito de cargamentos de drogas— existen brigadas de vigilancia destacamentadas por Guzmán Loera que ubican a sospechosos de ser antagonistas y planean las ejecuciones de estos.En distintos puntos de la autopista Benito Juárez, desde la zona limítrofe de Sinaloa con Nayarit y Sonora, hay vigilantes del cártel de Sinaloa que inspeccionan el movimiento de automotores y personas para, si detectan algo sospechoso, dar la señal de alerta a células armadas que también se han posicionado en puestos específicos de esa vía de comunicación.Sin embargo, destacan las pesquisas de la SIEDO y la AFI, en esa estrategia de “limpia” puesta en marcha por el cártel de Sinaloa han muerto al menos 20 personas inocentes este año, así como han sido afectadas al menos 50 propiedades de particulares que ninguna relación tienen con el narcotráfico.A esa guerra frontal que no distingue entre criminales y gente de bien atribuye la PGR que murieran los seis activistas del movimiento Picachos el sábado 20 de marzo. Las víctimas se dirigían a la comunidad El Placer, sindicatura de la Noria, a bordo de una camioneta Ford Lobo, color tinto, para pasar unos días junto a sus familias.Originalmente se manejó la versión de que los comuneros fueron alertados, por gente del mismo comando que esperaba a los Zetas, para que se detuvieran y salvaran la vida, pero la PGJE no encontró pruebas en ese sentido.A ninguna otra unidad que pasara por el lugar en ese momento se le dio indicación de detenerse y es el caso del autobús de la empresa AUS que de pronto se vio entre balas de gran calibre, granadas, camionetas blindadas y cadáveres regados, sin que alguien previniera al chofer de esa zona de peligro.Los conductores de otros tres vehículos que resultaron averiados por las balas, tampoco hablan de algún intento de parte de los gatilleros para evitarles que entraran al punto medular del enfrentamiento.A esos testimonios se apega la PGR para concluir que los desalojados del vaso de la presa Picachos, que llevan a cabo una movilización para exigir la indemnización justa de las tierras afectadas por dicha obra hidráulica, fueron víctimas circunstanciales de la “limpia” que el cártel de Sinaloa realiza en tal área de operaciones.Prisa por los deslindesUnas horas después de la masacre ocurrida en la autopista, el procurador estatal, Alfredo Higuera Bernal, salió a aclarar que los comuneros de la Picachos muertos en ese hecho nada tienen qué ver con los grupos criminales que chocaron ahí.“Estas personas —remarcó— no tienen relación con el enfrentamiento; no se les encontraron armas ni cuentan con antecedentes penales”.La PGJE reaccionó de inmediato al correr el rumor de que la agresión contra los activistas de la presa Picachos había sido cometida por el Gobierno del Estado, en represalia y para amedrentarlos.Esa versión se originó en la confusión y el coraje de que fueron objetos los compañeros de las víctimas que se mantenían en plantón en el Congreso del Estado, en Culiacán. La primera interpretación giró en torno a un acto de coacción orquestado por el Gobierno estatal para desintegrar el movimiento de la Picachos.El mismo día de la matanza, a eso de las 12 horas, el gobernador Jesús Aguilar Padilla instruyó a Higuera Bernal para que se clarificara totalmente el motivo de la muerte de los comuneros e igualmente pidió a la PGR tomara en sus manos la investigación al ser evidente la participación de delincuencia organizada.Para la tarde del 20 de marzo, la PGR ya contaba con un informe preliminar que atribuía la masacre a un encuentro brutal entre los sicarios del Chapo Guzmán y un comando de los Zetas.Estimó que en el trayecto de la Maxipista, comprendido entre los kilómetros 60 y 100, se habrían parapetado unos 120 pistoleros, la mayoría de ellos sobre los puentes a desnivel que cruzan la carretera en dicha zona, y otros recorriendo en camionetas blindadas ese tramo en espera de la orden de disparar.Igual que la PGR, la Procuraduría local negó haber recibido algún aviso de parte de la Policía Federal, sección caminos, dando cuenta de la presencia del grupo armado, o llamados de auxilio provenientes de automovilistas que detectaron el operativo de los gatilleros del cártel de Sinaloa para copar a los Zetas.Como ocurre siempre, nadie supo nada hasta que el impacto del suceso atrajo a soldados, federales y policías estatales al escenario del múltiple crimen.
La masacre de seis vecinos de El Placer marcará sin duda un parteaguas en el movimiento de resistencia de los comuneros desplazados por la presa Picachos y exhibe desde ahora hasta dónde puede conducir la indolencia y la frivolidad con que el Gobierno atiende un problema social como el que enfrentan cientos de familias a las que les tocó nacer, crecer y echar raíces en una tierra que ahora les están arrebatando en nombre del “progreso”.En la primera semana de la investigación sobre el asesinato de seis comuneros desplazados de la presa Picachos, la Procuraduría General de la República acabó por atribuir el múltiple homicidio a un hecho fortuito y descartó que el ataque se deba a actos de represión o intimidación a ese movimiento.De acuerdo con las indagatorias que inicialmente abrió la Procuraduría General de Justicia del Estado pero que inmediatamente turnó a la PGR, el grupo de campesinos pasó casualmente por el lugar en que sicarios del cártel de Sinaloa esperaban a un comando rival para aniquilarlo.La célula armada al servicio del cártel de Sinaloa, que encabezan Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, se había posicionado en puentes y puntos ubicados entre los kilómetros 60 y 100 de la autopista Benito Juárez, desde la madrugada del sábado 20 de marzo.Información recabada por la Policía Federal en la zona cercana a Elota indica que hubo una fuerte movilización de gente armada tanto en caminos, carreteras, campos agrícolas y puentes, supuestamente para detectar el paso de pistoleros de los Zetas, que se han integrado a las operaciones criminales de los hermanos Beltrán Leyva.La PGR había recibido reportes desde mediados de febrero sobre la llegada a la Cruz de Elota de un fuerte número de civiles armados que trataban de detectar a integrantes de los Zetas y que llevaron a cabo diferentes “levantotes” y ejecuciones en esa misión delictiva.El enfrentamiento ocurrido la mañana del sábado pasado, que convirtió en zona de guerra un tramo de la Maxipista Culiacán-Mazatlán, pudo haber cobrado un mayor número de víctimas pero varias unidades particulares y del transporte de pasajeros se detuvieron o retrocedieron al percatarse del enfrentamiento.Allí murieron ocho personas, cinco de ellas miembros del movimiento de la Picachos, y dos integrantes de los grupos delictivos que chocaron. Uno más de los comuneros murió horas después al ser atendido en un hospital de Mazatlán.En el caso de los comuneros de la Picachos, pasaron exactamente en el momento y lugar en que cruzaron fuego los grupos contrarios de las mafias del narcotráfico, sin tener oportunidad de hacer alto o echar reversa a la camioneta en que viajaban, considera la indagatoria.La PGR y la PGJE descartan que los sicarios hayan confundido con pistoleros a los desalojados de la Picachos, debido a que en ese momento la célula del cártel de Sinaloa que cazaba a los Zetas ya tenían plenamente identificado el objetivo.“Se trata de un lamentable suceso en que la mala casualidad hizo que esta gente inocente pasara por el lugar en el peor momento”, resuelven los trabajos de campo, balística y demás periciales efectuadas en la escena del multihomicidio.De igual manera se establece que las pruebas de balística aportan el dato de que las armas usadas por ambos bandos han sido utilizadas en otros hechos violentos en el sur y centro de Sinaloa, pero las fiscalías reservaron los datos por convenir así a las investigaciones.La “limpia” no distingueSin imaginar siquiera que la “limpia” que el cártel de Sinaloa lleva a cabo en su territorio había elegido ese trecho de la Maxipista, los labriegos de Picachos engrosaron la enorme lista de vidas inocentes cobradas por el crimen organizado.Es que según la PGR, el Chapo Guzmán ordenó a uno de sus brazos armados el exterminio en el sur de Sinaloa de todo grupo o persona que fuera ubicada en el bando contrario, al mando de los Beltrán Leyva o de las ramificaciones del cártel del Golfo que quieren penetrar el estado.En las zonas rurales y urbanas de los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia, Mazatlán, Elota y San Ignacio —sobre todo en las áreas de tránsito de cargamentos de drogas— existen brigadas de vigilancia destacamentadas por Guzmán Loera que ubican a sospechosos de ser antagonistas y planean las ejecuciones de estos.En distintos puntos de la autopista Benito Juárez, desde la zona limítrofe de Sinaloa con Nayarit y Sonora, hay vigilantes del cártel de Sinaloa que inspeccionan el movimiento de automotores y personas para, si detectan algo sospechoso, dar la señal de alerta a células armadas que también se han posicionado en puestos específicos de esa vía de comunicación.Sin embargo, destacan las pesquisas de la SIEDO y la AFI, en esa estrategia de “limpia” puesta en marcha por el cártel de Sinaloa han muerto al menos 20 personas inocentes este año, así como han sido afectadas al menos 50 propiedades de particulares que ninguna relación tienen con el narcotráfico.A esa guerra frontal que no distingue entre criminales y gente de bien atribuye la PGR que murieran los seis activistas del movimiento Picachos el sábado 20 de marzo. Las víctimas se dirigían a la comunidad El Placer, sindicatura de la Noria, a bordo de una camioneta Ford Lobo, color tinto, para pasar unos días junto a sus familias.Originalmente se manejó la versión de que los comuneros fueron alertados, por gente del mismo comando que esperaba a los Zetas, para que se detuvieran y salvaran la vida, pero la PGJE no encontró pruebas en ese sentido.A ninguna otra unidad que pasara por el lugar en ese momento se le dio indicación de detenerse y es el caso del autobús de la empresa AUS que de pronto se vio entre balas de gran calibre, granadas, camionetas blindadas y cadáveres regados, sin que alguien previniera al chofer de esa zona de peligro.Los conductores de otros tres vehículos que resultaron averiados por las balas, tampoco hablan de algún intento de parte de los gatilleros para evitarles que entraran al punto medular del enfrentamiento.A esos testimonios se apega la PGR para concluir que los desalojados del vaso de la presa Picachos, que llevan a cabo una movilización para exigir la indemnización justa de las tierras afectadas por dicha obra hidráulica, fueron víctimas circunstanciales de la “limpia” que el cártel de Sinaloa realiza en tal área de operaciones.Prisa por los deslindesUnas horas después de la masacre ocurrida en la autopista, el procurador estatal, Alfredo Higuera Bernal, salió a aclarar que los comuneros de la Picachos muertos en ese hecho nada tienen qué ver con los grupos criminales que chocaron ahí.“Estas personas —remarcó— no tienen relación con el enfrentamiento; no se les encontraron armas ni cuentan con antecedentes penales”.La PGJE reaccionó de inmediato al correr el rumor de que la agresión contra los activistas de la presa Picachos había sido cometida por el Gobierno del Estado, en represalia y para amedrentarlos.Esa versión se originó en la confusión y el coraje de que fueron objetos los compañeros de las víctimas que se mantenían en plantón en el Congreso del Estado, en Culiacán. La primera interpretación giró en torno a un acto de coacción orquestado por el Gobierno estatal para desintegrar el movimiento de la Picachos.El mismo día de la matanza, a eso de las 12 horas, el gobernador Jesús Aguilar Padilla instruyó a Higuera Bernal para que se clarificara totalmente el motivo de la muerte de los comuneros e igualmente pidió a la PGR tomara en sus manos la investigación al ser evidente la participación de delincuencia organizada.Para la tarde del 20 de marzo, la PGR ya contaba con un informe preliminar que atribuía la masacre a un encuentro brutal entre los sicarios del Chapo Guzmán y un comando de los Zetas.Estimó que en el trayecto de la Maxipista, comprendido entre los kilómetros 60 y 100, se habrían parapetado unos 120 pistoleros, la mayoría de ellos sobre los puentes a desnivel que cruzan la carretera en dicha zona, y otros recorriendo en camionetas blindadas ese tramo en espera de la orden de disparar.Igual que la PGR, la Procuraduría local negó haber recibido algún aviso de parte de la Policía Federal, sección caminos, dando cuenta de la presencia del grupo armado, o llamados de auxilio provenientes de automovilistas que detectaron el operativo de los gatilleros del cártel de Sinaloa para copar a los Zetas.Como ocurre siempre, nadie supo nada hasta que el impacto del suceso atrajo a soldados, federales y policías estatales al escenario del múltiple crimen.
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