El 91 por ciento de los hogares en México cuenta con televisores que se ocupan para que más de 50 millones de habitantes dediquen de dos a cuatro horas diarias a ver televisión. En contraste, el número de lectores de periódicos de información general difícilmente alcanza un millón y medio; es decir, poco menos del 1.5 por ciento de la población.
Pero ese millón y medio de lectores que durante años ha visto cómo gobiernos, legislaturas y partidos se pelean por defender y privilegiar los intereses de las televisoras son formadores de opinión y su crítica permea entre toda la sociedad. A ese pequeño pero relevante universo crítico se debe apelar para que exija a funcionarios y representantes en el Congreso anteponer la defensa de los intereses de la nación a sus intereses personales de preservación política.
Es momento de demandar públicamente: ¿qué legisladores requerirán la comparecencia del presidente de la Comisión Federal de Competencia ante el Congreso para explicar la connivencia de ese órgano regulador con las flagrantes prácticas anticompetitivas de Televisa?
La aprobación para la compra del 50 por ciento de la cablera TVI y de Cablemás por Televisa no tiene justificación. Aun suponiendo que las condiciones impuestas por Cofeco fuesen cumplidas, ¿cómo justificar la concentración en el mercado de televisión de paga que significó la compra por Televisa de un porcentaje relevante del capital de importantes cableras, cuando el único competidor relevante era Sky, otra de sus empresas?
¿Cómo puede Cofeco ser omisa ante la simulación con la que Televisa pretende cumplir las condiciones impuestas, obligando a sus competidores a pagar por un paquete de canales, sin que puedan adquirir tan sólo los imprescindibles para competir? Y, ante tantas violaciones a las reglas básicas de competencia económica, ¿cómo justifica Cofeco que vez tras vez Televisa obtenga la aprobación para todas las operaciones que propone, sin que amerite un freno a sus prácticas contrarias a la sana competencia?
Es tiempo de apelar para que los formadores de opinión exijan: ¿qué legisladores llamarán a cuentas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que justifique una licitación hecha a modo para favorecer a Televisa? Una licitación diseñada para garantizarle un bloque de 30 MHz. de frecuencias en la banda de 1.7 GHz, sin pagar más que el precio mínimo de referencia -cómo lo anticiparon especialistas en la materia-.
¿Qué legisladores pedirán explicación de la negligencia de los reguladores que se abstuvieron de impedir que el consorcio Nextel-Televisa presentara pujas por otros bloques de frecuencias con el objetivo de encarecer el precio para sus competidores? Que alguien defienda que también eso se vale porque así se definieron las reglas.
Y que explique el Congreso los motivos por los que, a sabiendas de que Televisa resultaría ganadora en la licitación -porque así les fue alertado-, aprobaron un incentivo fiscal que la exentó del pago de derechos sobre frecuencias por dos años, al mismo tiempo en que aprobaron incrementos a impuestos para superar un supuesto déficit presupuestal.
Pero no obstante la suma de privilegios, hay quienes claman a favor de los resultados argumentando a favor de la competencia. Si de defender la competencia se trata, ¿por qué no elevar la voz para criticar la omisión del Ejecutivo de modificar la concesión de Telmex para que compita contra Televisa en el mercado de televisión por cable?
¿Por qué no demandar del gobierno la licitación de frecuencias para la concesión de varias cadenas de televisión digital abierta a nivel nacional que compitan con los dos únicos grupos? Puede hacerse con la misma eficiencia que la demostrada para el otorgamiento de permisos al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales de reciente creación.
¿Por qué no exigir el cambio de condiciones del Acuerdo de Digitalización expedido por la SCT en 2004? Este acuerdo confirió la prórroga de las concesiones de televisión hasta el 2021, otorgó el derecho a concesiones adicionales para nuevos canales digitales y postergó la obligación de digitalizar las señales de televisión por 17 años.
Es innegable que el poder mediático de las televisoras, y de Televisa en especial, mantiene rehenes a gobernantes, legisladores y partidos. Pero mientras el costo político no sea lo suficientemente elevado, se seguirán otorgando privilegios a la poderosa Televisa hasta que no quede nada más que ceder. Es hora de elevar el costo de la sumisión flagrante a los intereses de grupos particulares. Es tiempo de decir ¡ya basta!
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