Yo quise a la Patria por debil y mustia,/la Patria me quiso con toda su angustia/y entonces nos dimos los dos un gran beso:/Los besos de amores son siempre fecundos,/un beso de amores ha creado los mundos,/Amar, ..eso es todo! querer... todo es eso!A.Nervo(La raza de Bronce)
—Y usted, ¿qué hace ahora? —le preguntó el periodista Julio Scherer al narcotraficante Ismael el Mayo Zambada, en la entrevista que le hizo a principios de abril: —Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago.
El capo se refería al trasiego de drogas. Hasta ahora no se ha sabido que tenga empresas en los Estados Unidos, ni que guarde su dinero en bancos norteamericanos. Más bien, hace montones y montones en sótanos y casas para cuando se ocupen… y que de repente son encontrados por el Ejército. O compra frenéticamente tierras para el cultivo, fincas, ranchos, ganado.
Por eso suena como a chiste para tontos el comunicado que el jueves emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunciando el bloqueo comercial de dos empresas que pertenecen, dice, a dos hijas de Zambada.
En abril de 2010, Zambada García declaró ante una revista mexicana, que si podía hacer negocios en los E.U. lo haría. “Le estamos diciendo al Sr. Zambada que no podrá.
¡Uf!, qué golpazo.
En su comunicado, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a las empresas sinaloenses Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V., y Autotransportes JYM S.A. de C.V., por ser propiedad y estar bajo el control operativo de María Teresa y Midiam Patricia Zambada Niebla, prestanombres e hijas de Ismael Zambada García.
Con esta acción, el Tesoro, bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, prohíbe a ciudadanos estadounidenses llevar a cabo transacciones financieras o comerciales con las entidades designadas, y congela cualquier bien que estos puedan tener bajo la jurisdicción estadounidense. Ismael Zambada García y el cártel de Sinaloa fueron identificados por el presidente de los Estados Unidos como importantes traficantes bajo la Ley de Designación de Cabecillas en 2002 y 2009, respectivamente. En mayo de 2007, la OFAC nombró a María Teresa y Midiam Patricia Zambada, entre otros parientes, como narcotraficantes especialmente designados por su papel en la red financiera de la organización narcotraficante de Zambada García.
Zambada, fugitivo de las autoridades mexicanas y estadounidenses, es sujeto de acusaciones formales realizadas en las cortes del Distrito de Columbia, el Distrito Oriental de Nueva York y el Distrito Norte de Illinois por cargos de narcotráfico.
El Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura. En marzo de 2009, la Procuraduría General de la República anunció recompensas de hasta 2.1 millones de dólares por información que lleve a la aprehensión del capo.
Desde junio del 2000, la OFAC ha designado a cerca de 800 negocios e individuos relacionados con 87 cabecillas del narco en el ámbito internacional.
Entre los narcotraficantes sinaloenses incluidos en estas listas desde el 12 de diciembre de 2007, figuran los hermanos Blanca Margarita y Víctor Emilio Cázarez Salazar y otros de sus familiares. A partir de marzo de 2009, fueron incorporados también los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva.
Las penas por violaciones a la Ley de Cabecillas varían desde multas de más de un millón de dólares hasta penas criminales severas. Las penas criminales para ejecutivos pueden llegar hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
Multas corporativas por dichos crímenes pueden alcanzar hasta los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden llegar a enfrentar hasta 10 años en prisión y fianzas establecidas por el Código de los Estados Unidos sobre violaciones criminales a la Ley de Cabecillas.
El Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer por primera vez que había identificado la “Red Financiera de Ismael Zambada García” el 17 de mayo de 2007. Ese día anunció que 12 personas y seis negocios conformaban una red de “lavado de dinero”.
La mayoría de esas empresas siguen trabajando en México con entera normalidad y algunas de ellas hasta reciben apoyos de diferentes programas del Gobierno federal.
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