Firma la denuncia en contra de Felipe Calderón (et al.) ante la Corte Penal Internacional

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.

Atentamente,

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El chapo, Osama Mexicano - Nadie lo busca... pero se mueve

Vuelve la PGR a la vieja pifia sobre la búsqueda del Chapo Guzmán La Procuraduría General de la República afirma que tiene datos para localizarlo, la Iglesia Católica lo declara omnipresente, algunos gobernadores denuncian que opera en sus entidades y Estados Unidos señala que le ha puesto marcaje satelital, pero documentos internos del Gobierno federal revelan que la búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán se reduce a dos puntos del país: La Tuna, en Sinaloa y Canelas, en Durango. La controversia sobre la ubicación del Chapo la reabrió el miércoles de la semana pasada la procuradora Marisela Morales, al caer en la misma pifia declarativa de los anteriores titulares de la PGR. Dijo que una de las prioridades del Gobierno federal es la captura de Joaquín Guzmán Loera y aventuró que “se tienen algunos datos sobre su paradero y en eso se está trabajando”. La funcionaria se enredó porque enseguida, yendo en sentido contrario a los resultados de los servicios de espionaje que presumió, aceptó que el capo sinaloense “es un blanco difícil de atrapar”. “Si supiera dónde se esconde, de cualquier forma no podría decirlo”, se justificó y agrandó la excusa redundando que “hay blancos que son más difíciles de atrapar por la forma en que se esconden”. Lo mismo que el ex procurador Eduardo Medina Mora repitió hasta el 30 de marzo de 2011 cuando dejó el cargo, es retomado ahora por quien ocupa el mismo cargo. En materia de combate al crimen organizado una de las prioridades del gobierno de Felipe Calderón es la detención del Chapo Guzmán. La realidad se evidencia en los expedientes secretos que el Gobierno tiene y que demuestran que los operativos para la localización del Chapo Guzmán cada vez son menos. La misma PGR, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo considera “a salto de mata” por la capacidad de movilización que posee el líder del cártel de Sinaloa. De acuerdo con esos informes elaborados con base a estrategias militares y de la fiscalía general, en el periodo de marzo de 2010 a marzo de 2011, la PGR y la Sedena han recibido al menos 200 reportes, provenientes de sus propios servicios de inteligencia y de informantes anónimos que alertan sobre la presencia de Guzmán Loera. De estos avisos únicamente le ha dado seguimiento a aproximadamente quince. Como ejemplo de lo complicado de las pesquisas sobre la localización del Chapo, en los reportes se destaca que en un mismo día se ha detectado la supuesta presencia del narcotraficante en Mexicali, Baja California, y en Guadalajara, Jalisco. Los informes derivados de las labores de inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y el Ejército coinciden con lo señalado el 4 de mayo por la procuradora Morales, al establecer que “se trata de un objetivo complicadamente móvil, de permanencia muy breve en un lugar y en otro”. De La Tuna a Canelas La PGR y el Ejército tienen información más cierta sobre los intentos que el Gobierno realiza en cuanto a rastreos para situar a Guzmán Loera. Prácticamente los operativos se delimitan a la región norte de la cordillera de la Sierra Madre Occidental, en un segmento del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico. El reporte interno detalla que desde 2009 las acciones para la ubicación de Guzmán Loera se centraron en las regiones de Badiraguato, específicamente en La Tuna, que es el lugar de origen de aquel y en Canelas, Durango, donde los indicios recientes señalan que se refugia. La vigilancia es permanente en esos dos puntos y sobre ellos se ha enfocado también la cooperación del sistema de localización satelital proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos. Desde noviembre de 2010, con la aprehensión de Manuel Fernández Valencia, apodado La Puerca, la SIEDO dio como un hecho que Guzmán Loera pasa el mayor tiempo en la sierra de Durango, cambiando de ubicación frecuentemente. Datos que aportó el detenido llevan a la PGR a establecer que “rodeado por un cuerpo de seguridad y logístico, desde ahí lleva a cabo las operaciones de trasiego de drogas”. Sin embargo, los mismos gobiernos estatales en el esquema de contribución en tareas de seguridad pública, han reportado al Gobierno federal que Guzmán Loera ha estado en diversas ocasiones en sus entidades federativas. De 2009 a la actualidad prácticamente ha sido ubicado en todo el país. Desde 26 estados se han recibido avisos de que anda allá, tal como lo hizo el 20 de marzo pasado el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, al pedir el apoyo de las fuerzas policiacas federales y el Ejército al detectar, dijo, que allá se movía Guzmán Loera. Sin embargo, casi todo el trabajo tendiente a determinar los desplazamientos del Chapo Guzmán se efectúan en La Tuna y en Canelas, donde funcionan labores permanentes de vigilancia e información que llevan a cabo la SIEDO y la Sedena. En dichas zonas funcionan también retenes y patrullajes permanentes, con el apoyo de equipo terrestre y aéreo. En algunas ocasiones, también con la colaboración del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense, se han utilizado aviones de vigilancia no tripulados en dichas áreas de los estados de Sinaloa y Durango. Al menos los reportes conjuntos de la PGR y Sedena así lo revelan, sin dar detalles sobre otras investigaciones que podrían llevarse a cabo en otras regiones del país. El omnipresente Fue en abril de 2009 cuando el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, dio a conocer que “más adelante de Guanaceví, por ahí está el Chapo, por ahí vive, pero bueno, todos lo sabemos, menos la autoridad”. Ese señalamiento incomodó al gobierno de Calderón y ameritó la intervención de la cúpula clerical para enfriar el tema, al grado de que el prelado declinaría después a aportar mayores datos a las autoridades porque, argumentó, “todos estamos muy convencidos de que eso no tiene mucha eficacia”. En noviembre de 2010 el arzobispo pudo de nuevo el dedo en la llaga. Dijo que el Chapo, “aunque se me ha perdido de vista, es alguien que puede estar en todos lados”. Agregó que el líder del cártel de Sinaloa “es omnipresente”. “Está en todas partes, lo mismo puede estar aquí que en un bulevar, o bien, estar en Tamazula o amanecer en Huazamota, o por San Andrés del Teúl, en el estado de Zacatecas, en donde tiene sus grandes propiedades”, apuntó. La gran movilidad que muestra Guzmán Loera, que la procuradora Marisela Morales plantea como un descubrimiento de los Servicios de Inteligencia del Gobierno federal, no es ninguna noticia. En diciembre de 2007 Ríodoce dio cuenta de la presencia del Chapo en un restaurante de mariscos de Culiacán que fue cerrado al público y quedaron adentro solamente los comensales que habían llegado antes, de los cuales pagó la cuenta de consumo. Pero de los 200 reportes que según la PGR ha recibido en un año sobre el paradero de Guzmán Loera, al menos 70 provienen de Sinaloa y en los quince casos que han sido tomados como referencia para investigaciones, 13 han sido falsos en cuanto a la información aportada. En torno al lugar en que se halla ese personaje se ha desatado una gigantesca ola de especulación, “tal vez como estrategia para desorientar más a las autoridades en las labores de persecución”, considera la PGR. Por ello casi nadie cree en la reciente declaración de la titular de la PGR que reincide en el desmesurado optimismo de sus antecesores que, igual que ella, han afirmado que le pisan los talones al Chapo Guzmán. ¿Rezar es lo último que queda? Casi al mismo tiempo que dos mexicanos declaraban en una corte de Phoenix que el Chapo Guzmán pretendía surtirse en Estados Unidos de armamento militar y misiles antiaéreos, en Roma el presidente Felipe Calderón le pedía al papa Benedicto XIV que visite México para apaciguar la violencia. “Le traigo una invitación de los mexicanos para que visite nuestro país, que al momento sufre mucha violencia. Ellos le necesitan mucho, más que nunca. Estamos sufriendo, lo estamos esperando”, le dijo Calderón al Papa al asistir el primero de mayo a Roma para atestiguar la beatificación de Juan Pablo II. En los días siguientes, Felipe Calderón siguió enviado señales de derrotismo en la guerra que desde 2007 le declaró al crimen organizado. El 4 de mayo, al inaugurar en Los Pinos el tercer foro sobre seguridad y justicia, aceptó que en la lucha contra la delincuencia “ya no hay tiempo para simulaciones y regateos”. “No se vale apostarle al diferendo político en los esfuerzos al crimen organizado incluida la implementación a la reforma al sistema de justicia penal”, emplazó y urgió a los gobiernos estatales a cumplir sus compromisos en la materia. “Ningún gobierno se tiene que hacer de la vista gorda”, agregó al pedir el apoyo y la comprensión de la ciudadanía. Al día siguiente, en el discurso presidencial conmemorativo de la Batalla de Puebla, afirmó que no habrá retroceso de las tropas en la lucha contra la delincuencia. “No se rendirán, pues tenemos la razón, la ley y la fuerza para ganar”. El viernes 6 de mayo, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, lo secundó al apuntar que en la lucha contra el crimen “no es opción retirarse. “Dar marcha atrás significa empeorar las cosas. Si nos retiramos, vamos a dejar que gavillas de criminales anden impunemente en las calles de México”, puntualizó. 5 de mayo En el bando contrario, simultáneamente al abatimiento exhibido por el Gobierno, los mexicanos David Díaz Sosa y Emilia Palomino Robles, el primero originario de Sinaloa, detallaban en una corte de Phoenix, Arizona, que el Chapo Guzmán intentó surtirse en Estados Unidos de batería antiaérea que podría tumbar aviones que volaban a 4 mil 800 metros de altura. El sinaloense confesó participar en una conspiración para intercambiar drogas y dinero a cambio de este tipo de equipo. “Negociábamos entregar una cantidad de metanfetaminas y dinero en efectivo para obtener armas de asalto y un misil del tipo FIM-92 Stinger, diseñado para derribar aviones”, especificaba. Solo que los supuestos distribuidores de armas resultaron ser agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que detuvieron a los dos mexicanos.

Alejandro Sicairos

El robo de combustible es de consecuencias fatales...

El conflicto entre el CDG y Los Zetas

moneros

La versión más expandida sobre el incremento de la violencia en el noreste de México durante los últimos meses gira en torno a la ruptura que supuestamente sufrió el grupo del crimen organizado que durante varios años operaba en esta región. La narrativa oficial nos dice que Los Zetas crecieron tanto que achicaron el tamaño de lo que era El Cártel del Golfo, el grupo para el cual trabajaban inicialmente. Sin embargo, no se aclara qué fue exactamente lo que provocó que del conflicto se pasara a tales niveles de violencia entre unos y otros. Se dice que fue el asesinato de cierto pistolero y cosas así, que no son del todo convincentes, menos al ver la forma tan bien organizada y sistemática con la que cada banda asumió esta guerra.

El narcotráfico de la zona ha vivido una vertiginosa transformación no tan visible en los años recientes. La parte importante de la transformación viene desde antes de la guerra actual. Allá por el 2000, Osiel Cárdenas Guillén, la cabeza visible del principal grupo criminal de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, empezó a realizar operaciones comerciales por su cuenta, sin contar necesariamente con el aval de los grandes grupos nacionales establecidos en Sinaloa y en la Ciudad de México. Los Zetas rompieron una especie de tradición de las diferentes organizaciones delictivas del país, que consistía en establecer pactos nacionales para la siembra, venta e importación y exportación de droga.

Cárdenas Guillén actuó como todo un hombre de negocios, o sea, en forma oportunista. Al perder el PRI la presidencia en el 2000, el poder central quedó disperso en medio del desconcierto de los estados y municipios. Paradójicamente, esa interesante coyuntura de la democracia mexicana fue aprovechada “democráticamente” por el grupo criminal norestense, llámese Zetas o CDG, para trabajar por su propia cuenta, sin esperar los acuerdos nacionales que representaban ya el pasado, no la modernidad del negocio del narco y del resto de la nueva vida democrática en México.

El arquitecto de ello, Osiel Cárdenas Guillén, al ser detenido trató desde la cárcel de seguir organizando de esta forma el tráfico, dando indicaciones a sus subordinados de continuar con la empresa de forma independiente. El 8 de octubre de 2004 Cárdenas Guillén llamó al noticiero de Carlos Loret de Mola y dijo: “Yo pienso que más que nada la PGR se enfoca cínicamente en algunos grupos, pero no en todos. Hace mil cosas... prácticamente hacen una cortina de humo para desviar la opinión pública hacia alguien y tapar a alguien más. Para otros no, y hacen famoso de la noche a la mañana a uno, porque si te das cuenta: ¿de cuándo acá yo vine a hacerme famoso? Ahora resulta que salgo en las noticias a diario. Hablan mil cosas de mí, se dicen infinidad de cosas; la realidad es que hay una consigna en mi contra y estoy siendo objeto de ella por medio del señor José Luis Santiago Vasconcelos”.

Este hecho aumentó la presión contra él y se reforzó la vigilancia en la celda del penal de Almoloya, desde donde había hecho la llamada con la complicidad de celadores y directivos del centro penitenciario. Semanas después fueron filtradas a los medios de comunicación intercepciones de otras llamadas telefónicas en las que quedaba en evidencia el poder que Cárdenas Guillén todavía tenía, pese a estar cautiverio. En una de estas llamadas, Osiel le dice con desesperación a uno de sus operadores en Tamaulipas: “A todos los dejé con buen lugar, no tienen por qué pelearse. Pueden trabajar bien solos esos cabrones. Yo siempre me preocupé porque sabía que me iba a pasar esto y siempre traté de estar preocupado por eso, pero de todas formas tenía que estar preparado para que no se hiciera un desastre después de mi detención y se empiecen a pelear entre todos”.

Uno de los recados supuestamente escritos de puño y letra por él, y que le fueron encontrados a uno de sus abogados, contenía estas indicaciones de Cárdenas: “1.- que le digas a 14 que la gente que hande en Laredo, si es gente del Chapo o Arturo Beltrán que le den piso 2.- que le digas a 14 que le cobre a TXArturo porque ya es mucho tiempo 3.- que le digas al conta que mande 100 mil dólares para el vecino 1 Benja (Benjamín Arellano Félix) 5.- hablar con la sra Celia (su esposa) que los quiere mucho y que le hechen muchas ganas”.

Luego Osiel Cárdenas fue deportado a Estados Unidos, donde negoció “algo” con la DEA, a cambio de una reducida condena. Ese “algo”, dicen, es lo que tiene que ver en realidad con el actual conflicto que se vive en la región, cuya violencia directa es cada vez más dramática e insoportable.

¿Habrá cedido al fin Osiel Cárdenas a los grandes acuerdos del narcotráfico?, ¿sus antiguos subordinados se habrán negado al mando único del narco?

Entender el conflicto entre los grupos del crimen organizado del noreste es clave para comprender la violencia que estamos sufriendo. Sin embargo, ese conflicto no la explica del todo. Para entenderla bien, habría que checar también los índices de pobreza más recientes, recordar la gigantesca corrupción de quienes han estado en el gobierno durante los últimos años, y reconocer la poca conciencia cívica que tenemos quienes residimos en esta maravillosa región de México.

www.twitter.com/diegoeosorno

Columna Historias de Nadie publicada en Milenio Diario de Monterrey el 11 de mayo de 2011.

Muerte y vida de DALI

11 de Mayo de 1904 Nacio Salvador Dali, pintor espaol http://twitpic.com/4w9660

Los costos ocultos de la guerra

El Paso. El presidente Barack Obama visitó este martes la frontera con México, justo del otro lado de Ciudad Juárez, lugar simbólico dentro del delicado debate sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ap

Un país democrático hace explícitos los costos de una guerra. No como un boletín más o menos amañado, sino como un examen cauteloso de las comisiones conjuntas de Defensa de su Congreso que producen el dictamen correspondiente al pleno.

También es cierto, como en el caso de Estados Unidos, que ciertos gastos confidenciales, que siempre los hay y siempre los habrá, se diluyen en los enormes presupuestos del Pentágono, pero que conocen de manera confidencial las mencionadas comisiones o se pierden transitoriamente en operaciones francamente reprobables, políticamente hablando. El caso Irán-contras tan fue así que puso a Ronald Reagan en el asador por meses y con riesgo de perder la presidencia.

Los excedentes de la compra/venta de armas a Irán produjeron una gran suma de dinero que fue negociada por el teniente coronel Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y destinada a la subversión nica llamada contra. North finalmente fue dejado colgado de la brocha por Reagan y después de pasar las de Caín, terminó de comentarista de la cadena Fox News.

Pero todo eso es muy sofisticado. En México, de nuestra guerra pocos saben poco. Al Congreso sencillamente ni le informan ni le interesa. Obviamente saben de esos costos el Presidente, el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, y en sus partes los secretarios de Defensa (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública federal (SSP) y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Son miles de millones.

Según reveló Cordero en Washington, son más de 200 mil millones de pesos, suma mayor al gasto en educación preparatoria y universitaria públicas de todo el país. Eso es todo lo que se supo, y eso por ser desde Washington. El pueblo, que es el tributante, no merece saber más.

El gasto proporcionalmente más alto corresponde a Marina por la evidente necesidad de convertir sus elementos humanos y materiales destinados a otras misiones a combatir en tierra como infantes de Marina. Básicamente fueron el formar y readiestrar efectivos humanos, adquisición en grandes proporciones de vehículos terrestres y obviamente armamento, comunicaciones, vestuario y equipo individual, y la expansión en tierra de servicios logísticos de apoyo. Eso es gasto de inversión. Súmese el gasto corriente para quizá más de 5 mil hombres: alimentos, servicios sanitarios, municiones, armamento de reposición, combustibles y lubricantes, vestuario, mantenimiento aéreo y automotriz, etcétera.

Por parte del Ejército y la Policía Federal los números son terriblemente mayores, en proporción a los efectivos comprometidos, pero los rubros son semejantes. Destacarán en las tres fuerzas comprometidas, más PGR, la masiva compra de vehículos tipo pick-up de doble cabina, decenas de cientos de ellos, a costos generales de 450 mil pesos por unidad. Agregar a esto la compra por el momento de 10 helicópteros Eurocopter Cougar al discreto precio de 60 millones de dólares por unidad.

La guerra contra el narcotráfico está consumiendo recursos muy importantes. Esta guerra, como toda guerra, está costando mucho. El Ejecutivo está dedicando cada vez más recursos a ella, a la que, según los especialistas nacionales y extranjeros, no se ve el fin.

De cuatro dependencias que están concentradas exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico –Sedena, Semar, SSP y la PGR– su presupuesto en conjunto se ha visto incrementado en casi 60 por ciento en la presente administración. Destaca de manera significativa el presupuesto de la SSP, que se ha incrementado 140 por ciento. El presupuesto de la Sedena pasó de 32 mil 200 millones de pesos en 2007, a 34 mil 861 millones en 2008 y a 43 mil 623 millones en 2009.

La Semar pasó de 10 mil 951 millones de pesos en 2007, a 13 mil 382 millones en 2008 y a 16 mil 59 millones en 2009. La SSP pasó de 13 mil 664 millones de pesos en 2007, a 19 mil 711 millones en 2008 y a 32 mil 916 millones en 2009. Y el presupuesto de la PGR, pasó de 9 mil 216 millones en 2007, a 9 mil 307 millones en 2008 y a 12 mil 309 millones en 2009. Es muy válido hacer notar que esos números son sólo hasta hace prácticamente dos años.

Mientras no haya un informe oficial, todas las anteriores cifras tienen como origen el examen de los presupuestos, declaraciones de funcionarios, otras publicaciones y demás. Dadas esas enormes sumas, eran de esperarse, por el bien del gobierno, anuncios sobre reasignaciones presupuestales con sus debidas explicaciones. Con sonrisas que le son características, el secretario Cordero explicó a manera de justificación: Ha aumentado la recaudación tributaria en 1.4 por ciento del PIB, que equivale a 190 mil millones de pesos. Pues como no hay nada de importancia adicional en qué gastar, entonces ¡que viva la Pepa!

Urge transparentar el gasto, pues subsiste la duda, fundada en antecedentes, sobre la constante falta de escrúpulo en el manejo de esos caudales. Desde la antigüedad tras los ejércitos marchaban los mercaderes, aprovisionadores, contrabandistas, intermediarios de casi todo. Hoy es igual. Es el caso del Pentágono, donde sus grandes proveedores son terriblemente manipuladores de las decisiones oficiales hacia sus propios intereses. Es la poderosa industria militar estadunidense y son los senadores y congresistas quienes allá operan con toda naturalidad coyoteando (lobbying) en favor de las firmas de su conveniencia.

Aquí somos más elementales. Seguimos pasando la charola. Quienes conocen la realidad son los proveedores y contratistas mexicanos y extranjeros, principalmente estadunidenses, franceses y españoles. El Presidente convive socialmente con ellos de manera casi cotidiana, sabe qué representan, también sabe que ellos nunca hablarán y sabe también que él nada insinuará.

Ya la plaga de la guerra presidencial es suficiente para agobiar en lo moral y material al pueblo. No encima de la guerra habremos de afrontar con mucha vergüenza y ya mínima capacidad de admitir nada, el saber que la tal guerra pudo costar la mitad.

¿Habrá que esperar a que surja el escándalo al develarse la corrupción para ver cómo se afronta esa tempestad? ¿No sería mínimamente sensato corregir y sancionar lo necesario antes de que todo caiga encima de Calderón? Hay tal hartazgo que surgen las imputaciones por doquier. La forma más tonta de querer verle la cara al pueblo sería tratar de explicar que dicha información es de seguridad nacional. ¿Se atreverían?

hienca@prodigy.net.mx

Jorge Carrillo Olea

SONETO A MAMA

Marcha Por La Paz y Espaldarazo A García Luna